Tras 6 años de desalojo a campesinos en Pococí, familias siguen en abandono de parte del gobierno

Hoy se cumplen seis años de que el gobierno de Laura Chinchilla reprimiera y desalojara brutalmente a 32 familias campesinas de Balastre, Pococí para construir una academia policial.

Desde estos lamentables hechos el mandato de Luis Guillermo Solís no ha dado la cara para atender a los afectados que siguen viviendo en condiciones precarias en distintas zonas del país. Gracias a las movilizaciones realizadas en ese entonces y a una demanda penal se impidió la construcción y el terreno sigue en litigio.

Como Partido de los Trabajadores tomamos esta fecha como el punto de partida de una campaña nacional de solidaridad con los campesinos desalojados, en la que le exigimos al gobierno una solución inmediata.

Un desalojo inhumano e ilegal

La mañana del 10 de enero de 2011 sigue intacta en la memoria de Alex Rivera y Mirna Carrillo, una de las familias víctimas del desalojo ejecutado por los cuerpos policiales con el mandato de Laura Chinchilla.

“Nos pusieron dos policías en cada casa para avisarnos que nos iban a sacar. Como nosotros no nos movimos, aparecieron 120 antimotines y maquinaria de la municipalidad para botar las casas. No solo era ranchos, había gente como yo que teníamos casas de cemento y no les importó nada. Ni siquiera les importó que yo estuviera embarazada ni que tuviera hijos pequeños”, relató Mirna Carrillo.

Para ellos, el desalojo fue a todas luces ilegal por varios motivos. En primer lugar, no dieron 48 horas de preaviso para movilizar sus pertenencias. Tampoco hubo presencia de psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionales para atender a las familias.

Cuando se realizó la acción represiva las tierras estaban supuestamente a nombre de un particular. El 11 de enero, solo 16 horas después del desalojo se hizo el traspaso del terreno a nombre del Estado. Todo se dio a tan solo cuatro meses de que pasaran los 10 años establecidos para que los campesinos pudieran ser los dueños legítimos.

“La tierra es de quien la trabaja y nosotros eso hicimos cuando llegamos a ocupar esos terrenos. Vivimos de lo que cultivamos y con ese desalojo el gobierno nos mató. Mató nuestro modo de sobrevivir  y por poco nos mata físicamente. Usaron maquinaria pesada contra mujeres embarazadas, niños y adultos mayores, como si fuéramos delincuentes”, recuerda Alex Rivera.

Apenas si pudieron salvar algunas pertenencias pero las viviendas y sus cultivos fueron destruidos en su totalidad. Durante los siguientes seis meses vivieron en ranchos improvisados al lado de la carretera, sin acceso a los servicios básicos y con el gobierno liberacionista dándoles más la espalda.

Hoy esas tierras se encuentran abandonadas porque gracias a la movilización y una demanda penal establecida contra el Estado por daños y perjuicios se evitó la construcción de la academia policial, cuyas obras se encuentran en marcha en La Rita de Pococí.

  Durante estos casi 3 años de gobierno de Luis Guillermo Solís no ha habido un interés real del Poder Ejecutivo por siquiera reunirse con las familias, ni mucho menos por ofrecer una solución efectiva.

“Nosotros como campesinos y también miembros del Partido de los Trabajadores seguimos denunciando al gobierno de Chinchilla y a la municipalidad conducida también por el PLN, en ese momento por Emilio Espinoza por un desalojo ilegal. También denunciamos a la alcaldesa Elibeth Venegas y a Luis Guillermo Solís  porque no han hecho nada para ayudar a las más de 30 familias que fuimos atacadas. Más bien nos preocupa que este mandatario también haya mandado reprimir protestas, igual que hizo el PLN cuando estuvo en el gobierno.

Por eso exigimos que nos devuelvan la tierra que nos pertenecen y nos den una indemnización económica por los daños sufridos. Esto lo lograremos con las vías más efectiva que tenemos los trabajadores: mediante la lucha y la solidaridad popular”, expresaron Carrillo y Rivera.