Solidaridad con los luchadores procesados por el 8N ¡No a la criminalización de la protesta!

El 8 de noviembre de 2012 una manifestación frente al edificio de la CCSS fue escenario de una de las represiones policiales más fuertes de los últimos años desde las jornadas del Combo ICE. Ahí se reunía a agrupaciones sociales, partidos políticos y centralmente a vecinos de las comunidades de la zona de Occidente y Pacífico Norte, con denuncias sobre las deficiencias en los servicios de salud a raíz de los múltiples recortes a la seguridad social; que afectaba profundamente el hospital de Grecia y el de Nicoya.

La represión se dio a partir de las ordenes de “despejar” la calle, que ejecutaron los efectivos policiales, agrediendo brutalmente a manifestantes que incluían mujeres, niños y personas mayores, dando como resultado alrededor de 32 personas retenidas durante el día. Algunas fueron liberadas inmediatamente, otras enfrentaron procesos de flagrancia y contravención, de los cuales dichosamente fueron absueltos.

Sin embargo como parte del combo represivo del gobierno de Laura Chinchilla, respaldado por la institucionalidad de la justicia del Estado burgués, 5 de esos manifestantes han sido acusados formalmente y enfrentaran un juicio por la acusación del delito de resistencia, y resistencia agravada en el caso de los funcionarios públicos, lo que podría traducirse en hasta 5 años de cárcel.

Estos compañeros son Luz Marita Arce Soto, Luis Diego Retana Solano en ese momento estudiantes universitarios, Denis Solís Cruz profesor de secundaria, Mario Alberto Villalobos Arias profesor universitario y Adrián Jaén España profesor universitario, todos acusados por ejercer su derecho a la protesta.

Esto se trata directamente de un juicio político, muestra clara de la creciente criminalización de la protesta y la violación al derecho de manifestarse, por tanto un ataque orquestado desde el miedo y la amenaza para los distintos activistas sociales, que además ha servido como cortina de humo para invisibilizar las problemáticas que se denuncian, que afectan profundamente a la clase trabajadora, como es el caso de los servicios de salud.

Desde el Partido de los Trabajadores manifestamos nuestra total solidaridad con los compañeros y la compañera demandados, exigimos que se retiren las acusaciones y se dejen en libertad y sin ningún cargo a implicados, que se detenga la persecución y criminalización de la protesta social.

Nos sumamos al llamado de solidaridad con los compañeros durante el juicio, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de abril en los Tribunales del primer Circuito Judicial, a partir de las 8:00 am.

¡No a la criminalización de la protesta!

¡Libertad para las personas que luchan!