Rechazamos la decisión de los Tribunales de enviar a juicio a cinco activistas que defendían a la Caja

  • Le exigimos a Luis Guillermo Solís el indulto a los cinco acusados del 8N y para Paulina Briones condenada por protestas del 2010
  • Llamamos a Frente Amplio a romper acuerdos con el gobierno que apoya la represión

Este miércoles 24 de junio luego de la audiencia preliminar, un tribunal de San José decidió que cinco de los seis activistas detenidos en noviembre del 2012, irán a juicio acusados del delito de resistencia a la autoridad. Ellos fueron detenidos en medio de una protesta por la defensa de la seguridad social.

Desde el Partido de los Trabajadores, repudiamos la decisión del tribunal, pues con ella nuevamente se intenta silenciar a las voces de la protesta social.

En las afueras de los tribunales de justicia más de 200 activistas independientes o de organizaciones como la Central General de Trabajadores, sindicatos del magisterio, asociaciones estudiantiles, Frente Amplio y el Partido de los Trabajadores, denunciaron este proceso penal como una forma más de criminalizar la protesta social en Costa Rica, política que llevaron a cabo los gobiernos del PLN y que el actual del PAC busca profundizar.

Manifestaciones como esta, son sumamente importantes para que el movimiento social enfrente las políticas represoras del gobierno. Consideramos que veremos cada vez con mayor frecuencia casos de criminalización de la protesta social, por lo que es urgente la unidad de la izquierda y todo el movimiento social y sindical.

Tanto el gobierno, como los demás partidos proempresariales y las cámaras patronales, sientan un precedente con este juicio para reprimir cualquier manifestación de descontento social, de cara a los grandes ataques que están y que seguirán llevando a cabo.

Le exigimos al Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, el indulto para los cinco acusados de este caso y para Paulina Briones; la compañera condenada a cinco años por participar en la protesta de 2010 contra la Ley de Empleo Público y la privatización de los muelles en Limón.

Llamamos a todos el activismo y organizaciones sociales, a continuar luchando contra las políticas de represión. Acciones como el juicio contra los activistas del 8N, pueden caer sobre cualquier activista u organización del movimiento social, por eso es necesaria la unidad de todos los sectores que luchan por sus derechos en todo el país.

Le exigimos al FA y las organizaciones que integran Patria Justa a romper la alianza con este gobierno represor que ya sacó el garrote para atacar a los luchadores del sector vivienda, y que no ha querido indultar a seis compañeros perseguidos ni a Paulina Briones.

Ahora más que nunca es necesario emprender una lucha independiente y sin cuartel  contra el gobierno que quiere imponer sus medidas antipopulares a la fuerza. En ese sentido ponemos nuestra organización al servicio de la lucha por detener la represión que estará la orden del día en el marco de futuros ataques a las condiciones de vida de la clase trabajadora.