Pacto Frente Amplio, PAC y PLN rinde sus primeros frutos contra el pueblo y la naturaleza

El pacto que facilitó el Frente Amplio en junio, para aprobar un paquete de leyes por vía rápida empieza a dar frutos, nada favorables a los trabajadores. El martes 18 de Julio se aprobó en la Asamblea la Ley 19.310 que aumenta el porcentaje de cuotas para las pensiones de los empleados del gobierno.

Dicha ley permitirá al ejecutivo aumentar  la cuota de pensión de unos 14 mil funcionarios hasta un 16% del salario, es decir casi una sexta parte de su ingreso. Estos 14 mil corresponden a empleados no afiliados al régimen de la CCSS, magisterio o poder judicial y cuyo fondo de retiro se financia a partir de su aporte personal y el del Estado.

La 19.310 hace parte de un paquete de 7 proyectos de ley para recortar pensiones a los que el Frente Amplio y el gobierno propusieron darle vía rápida.

Dentro del paquete también  se aprobó  el proyecto 19.254 del Frente Amplio que cobrará un impuesto del 25% al 75% a las pensiones de empleados públicos que vayan desde los 2.millones en adelante aproximadamente.

Esta propuesta al igual que la 19.661 que aún no se aprueba y que plantea un recorte del 20% a las pensiones de estos mismos empleados componen un combo multipartidista (PAC, FA, PLN) que achicará las pensiones de los empleados públicos para solventar el déficit fiscal creado por la evasión de las grandes empresas y la política de endeudamiento del gobierno.

Una ley de aguas distinta y pro empresarial

Por otro lado en los próximos días se prevé que entre al plenario legislativo, para segundo debate, la Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, más conocida como Ley de Aguas.

Este proyecto ingresó al plenario legislativo en 2010 gracias a la modalidad de iniciativa popular luego de que diversos activistas, comunidades y organizaciones ambientalistas recogieran las más de 150 mil firmas necesarias. La aspiración de dicho movimiento y recogida de firmas (dado que el proyecto en sí no había sido redactado) era fortalecer la propiedad y el dominio estatal del agua y la participación de la población en su fiscalización y administración.

Sin embargo luego de 6 años de que el proyecto fuera presentado y dos de que fuera votado en primer debate, salta a la vista de que las aspiraciones de sus activistas y simpatizantes han sido traicionadas por el Frente Amplio, principal impulsor de la ley.

Incluso los magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro han declarado que se viola el principio de conexidad, es decir, que los cambios introducidos por los diputados en la ley presentada por iniciativa popular, han desnaturalizado al proyecto.

Tan es así que hoy la ley es de consenso entre los principales partidos burgueses, la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales (UCCAEP) y figurones como Miguel Angel Rodríguez y Laura Chinchilla.

Diputados de la bancada del  Frente Amplio como Ligia Fallas  y varios activistas que defendieron la iniciativa en la primera etapa ahora denuncian la flexibilización de los principios generales bajo los cuales se administraría el recurso hídrico en la nueva versión de la ley, en donde por ejemplo se eliminan aspectos como  el ‘’acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas’’ como derecho humano y  la priorización del consumo humano por encima de los demás usos.

También trascendió que el área de protección de los manantiales se reduce de un margen de 200 metros a 20 metros[1], mientras que responsabilidades de carácter técnico como la protección de los mantos acuíferos, hoy en manos de una institución descentralizada como el SENARA, pasarían a manos de la Dirección Nacional de Aguas (DINA), instancia completamente controlada por el MINAE y el poder ejecutivo.

Queda evidenciado que la nueva ley, lejos de fortalecer la soberanía del pueblo sobre el agua, ya de por sí amenazada, facilita aún más su entrega por parte de cualquier gobierno a los grandes capitales.

Mucho más evidente es, que a pesar de presentarse como los defensores de las garantías democráticas y del “poder popular”, hoy el Frente Amplio y el PAC están defendiendo un régimen que no da espacio para la participación del pueblo. Con el discurso de una ley participativa, embaucaron a más de 150 mil personas y hoy defienden una ley que sólo beneficiará a las grandes empresas.

La hoja de ruta del Frente Amplio para facilitar los recortes y ataques

En junio de este año, el Frente Amplio organizó un pacto con las fracciones legislativas para avanzar en la aprobación de proyectos. Esta “Hoja de ruta”, retomaba la exigencia que hacía PLN en su momento, de discutir primero los proyectos de recortes en pensiones, luego en presupuesto (incluyendo salarios y empleo público) y de último las reglas fiscales y nuevos impuestos (como el IVA).

Gracias al papel de la fracción legislativa del Frente Amplio como verdadero ministro de  la presidencia, es que las fracciones lograron aprobar por vía rápida estos proyectos.

Ambos proyectos de ley ejemplifican muy bien adónde conduce la política de colaboración del Frente Amplio con el gobierno pro empresarial de Solís y su adaptación a la democracia de los ricos vigente.

Mientras prometen al pueblo que los ricos van a pagar impuestos como salida a la crisis fiscal, cabildean proyectos de recorte a las pensiones y a los salarios de los empleados públicos en la Asamblea. Con una mano levantan la bandera del ambientalismo, con la otra firman una entreguista ley de aguas que profundiza el control de las grandes empresas sobre la misma.

El hecho de que ambos proyectos de ley sean de consenso casi absoluto entre los partidos políticos también desmiente el discurso del FA y las dirigencias sindicales de que existe un bando neoliberal enemigo del pueblo y otro progresista en el cual el pueblo se debe apoyar para sobrevivir.

Desde el Partido de los Trabajadores llamamos a todo el pueblo costarricense a oponerse a esta nefasta Ley de Aguas, así como a toda la agenda de ataques al empleo público e impuestos a los trabajadores (proyecto IVA) que el Frente Amplio está pactando con el gobierno y los demás partidos empresariales.

Las dirigencias sindicales, en particular la del BUSSCO (ANDE, UNDECA), que  se ha posicionado en contra de ambos proyectos, deben incorporar el archivamiento de la ley en su pliego de reivindicaciones y poner en práctica un plan escalonado de movilización votado en las bases para preparar el camino hacia una huelga general contra todos los proyectos antipopulares que hacen fila en la legislativa.

La solución a los problemas que la crisis capitalista y la acción de los gobiernos empresariales provocan en el país solo vendrá de la propia organización y resistencia de los trabajadores públicos y privados.

Ambos sectores necesitan organizarse de manera conjunta para lograr resistir los ataques e impulsar un plan para resolver la crisis, que los beneficie y no los hunda más. Un plan que confronte la política del gobierno y los partidos de la legislativa, en contra de la política que busca atacar a los trabajadores y a la clase media y dejar que los empresarios sigan haciéndose millonarios en media crisis.

Ya la huelga en la piñera de Santa Fé de Los Chiles contra Exportaciones Norteñas demostró que es posible ganar, ahora hace falta unificar todos los descontentos que se expresan de manera dividida en el país.

[1] http://www.elmundo.cr/miles-costarricenses-fueron-enganados-proyecto-la-nueva-ley-aguas/