¡No al tarifazo! Nacionalización del transporte y la obra pública

Las presas son un mal que aqueja a la mayoría de la población que vive o trabaja en el Gran Área Metropolitana. Sectores como La Galera, La Valencia y La Uruca se vuelven parqueos para vehículos. Una persona que utiliza el transporte público puede durar hasta 3 horas entre su trabajo y su hogar aún en rutas relativamente cortas.

Con la entrada de las lluvias la situación empeora: los accidentes de tránsito aumentan y las inundaciones hacen que el sistema vial de la GAM colapse todavía más. La razón todos la conocemos: en Costa Rica existe un rezago de décadas en infraestructura vial.

La respuesta del gobierno a las presas consiste en la “modernización” del INCOFER, una ley que fue aprobada recientemente y busca financiar grandes obras de infraestructura por medio de fideicomisos, como el tren eléctrico interurbano.

Modelo de concesión fallido

En el 2013, tras varias protestas y una ardua lucha, el pueblo de Occidente dijo fuerte y claro “Carretera SÍ, concesión NO”, con un eco que recorrió todo el país, por ser otro de los sonados escándalos de corrupción, tal como en los casos de Caldera, la platina y la Trocha Fronteriza.

En ese momento desde el Partido de los Trabajadores nos sumamos de lleno a la lucha, y levantamos una vez más la consigna de derogar la ley de concesiones, pues además del tema de corrupción, la discusión sobre las concesiones abría el debate sobre quién debería construir la obra pública. Con dicho modelo las empresas privadas se dejan jugosas ganancias a costa de la urgente necesidad de infraestructura y del bolsillo de la clase trabajadora.

“Modernización” del INCOFER, legado del gobierno de Laura Chinchilla

Se trata de una ley que se basa en la capacidad del INCOFER a recurrir a fideicomisos, figura legal presentada como la solución ante las falencias de las concesiones. En realidad, esa vía fue formulada bajo la administración de Laura Chinchilla, quien reglamentó la figura llamada “Fideicomiso de titularización”. Los fideicomisos presentan algunas ventajas como evitar los préstamos internacionales y el consiguiente aumento de la deuda, pero no soluciona el problema de fondo: la construcción de las obras seguirán en manos privadas.

A fin de cuentas la medida sigue beneficiando a los empresarios que lucran con la obra pública nacional. Se desarrollarán obras que sean “atractivas” para los inversionistas, y por tanto el interés de la clase trabajadora y de las finanzas del estado, quedará desplazado.

Sin embargo esto no significa que Luis Guillermo Solís esté libre de responsabilidades, por el contrario es uno de los mayores culpables al llevar adelante estos proyectos heredados, que aún tras dos años de gobierno no implican mejoras en las condiciones del país; pero Solís también cuenta con el apoyo de sectores como el Frente Amplio, que aplaude el gran proyecto del tren, es decir sigue justificando el modelo de concesión de la obra pública.

Una más para el saco

Además de la situación estructural de la red vial, se suma la recurrente problemática del alza en los precios de los combustibles, que se traducen en fuertes golpes para las finanzas de las familias trabajadoras, desde el costo en sí de los combustibles, los pasajes hasta del costo de la vida en general que se ve impactado por efecto dominó.

En este caso el ultimo aumento empezó a regir el pasado 1° de julio, tras la aprobación por parte de la ARESEP de la solicitud de RECOPE, bajo la justificación de ajustar los precios nacionales con los del mercado mundial; consiste en un aumento de ¢84 en el litro de gasolina super, ¢77 en gasolina regular y ¢71 en diésel.

La salida para la clase trabajadora

Desde el Partido de los Trabajadores creemos que en primer instancia, la solución para la problemática de colapso vial y las irregularidades de los servicios, está en la inmediata nacionalización del transporte público, es decir que sea manejado directamente desde el Estado, eliminando las concesiones de rutas y los meganegocios que montan las empresas autobuseras y de transporte en general, mediante los monopolios y el permanente intento de aumentar las tarifas para sacar más ganancias, costos que pagan directamente los trabajadores usuario.

También es urgente el congelamiento de tarifas de combustible, mediante subsidio estatal financiado con impuestos a los ricos, a los carros lujosos y al consumo industrial.

Así mismo, hemos venido insistiendo en la urgente necesidad de un plan de obra pública nacional, tal como lo planteamos en elecciones nacionales de 2014, nos parece que es fundamental atender el problema de raíz, empezando por la derogación de la Ley de Concesiones que solo ha significado pérdidas y trabajos inconclusos o insuficientes, lamentablemente otros partidos como el Frente Amplio aunque en algunos momentos plantean críticas, dieron todo su apoyo a la concesión de la ruta 32.

La propuesta del plan de obra pública consiste en que sea el Estado directamente el que se encargue de la construcción de obra pública, de esta manera construir carreteras, puentes, centros de salud, de educación, comedores públicos y guarderías, sin los costos del “intermediario”, que hoy son las empresas privadas en búsqueda de ganancias; con esto además se generarían empleos para la construcción, mantenimiento y manejo de las obras, se puede vigilar más la calidad de las estructuras y no se le tiene que cobrar demás a la clase trabajadora a cambio de condiciones dignas.

Para esto es necesario que se implemente una reforma fiscal que le cobre al gran capital, elimine las exoneraciones y los privilegios de las empresas y los grandes bancos, que se le cobre inmediatamente a los deudores del fisco; el Estado debe dejar de pagar la deuda externa con los impuestos de la clase trabajadora que no la generó.

Es fundamental combatir el discurso que culpabiliza a la clase trabajadora, de los problemas que han causado décadas de abandono. Por lo que hacemos un llamado a rechazar el intento de Luis Guillermo Solís de cobrarle la crisis a los trabajadores por medio del IVA y recortes al sector público, no podemos seguir permitiendo que las empresas privadas lucren con las obras nacionales.