MOPT: ¡Defendamos nuestros trabajos! ¡Exijamos obras públicas para el pueblo trabajador!

En la Asamblea Legislativa se discute la aprobación del transitorio IV a la Ley 18001 que le traslada competencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes  (MOPT) a las municipalidades para la construcción y mantenimiento de obras viales cantonales.

Este proyecto pretende brindar un total de 63 mil millones distribuidos a todas las municipalidades del país, en los próximos tres años, para el mantenimiento de la red vial cantonal de sus comunidades.

Así lo vende el gobierno y los medios de comunicación, como una iniciativa que vendría a agilizar la disposición de los recursos para las comunidades y a transformar el MOPT en una institución más eficiente.

Sin embargo, creemos que ocurre todo lo contrario. Mediante esta modificación la institución perdería financiamiento, lo que ocasionaría el despido de al menos 1300 trabajadores y abre el portillo para el deterioro de condiciones laborales de muchos otros compañeros.

Ante esta situación la respuesta de la mayoría de la junta directiva de UNATROPYT ha dejado mucho que desear, por lo que desde la semana pasada varios compañeros hemos venido recogiendo firmas exigiendo una asamblea para discutir la posición ante la Ley 18001.

Queremos aprovechar esta coyuntura para discutir con todos los compañeros y compañeras de la institución sobre el impacto que ha representado la ley 18001, aprobada el pasado 13 de octubre, y en general el modelo de concesión de obra pública.

La discusión sobre defensa de  condiciones laborales dignas y la exigencia al gobierno para obtener carreteras de calidad financiadas por el Estado debe partir de un balance sobre el modelo privatizador y corrupto que ha promovido el MOPT, y que ha traído lamentables consecuencias para el país, como la Trocha, la platina o la ruta 27.

Además, queremos plantear un debate muy importante relacionado con los métodos para realizar este balance y para luchar contra este proceso privatizador a lo interno de nuestra organización.

¿Por qué luchar contra ley 18001 y no solo contra el transitorio IV?

En primera instancia, queremos afirmar que este transitorio IV es nefasto, pues de aprobarse implicaría el despido de 1300 trabajadores, la precarización de las condiciones laborales de muchos compañeros y el debilitamiento del MOPT como institución pública para hacerle frente al tema construcción de obra estatal.

Pero creemos que la lucha debe ir más allá, empezando la derogación de la Ley 18001 que en su conjunto representa fortalecer el modelo de concesión de obra pública.

En primer lugar, la transferencia de 63 mil millones a las municipalidades durante tres años no implica automáticamente que se va a invertir más y mejor en caminos. Lo que puede suceder es que esos recursos van a caer en manos de empresas de capital mixto, que en realidad es la principal movida privatizadora que existe en las municipalidades desde el 2010 cuando se aprobó esta modalidad.

En la actualidad son estas empresas que brindan los servicios de mantenimiento y obras de la red vial cantonal y que se verán mayormente beneficiados.

Sin la regulación directa del gobierno central,  el clientelismo y el despilfarro de recursos públicos van a aumentar, más de lo que ya ocurre. Recordemos el caso del alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, acusado de peculado por aprobar una partida millonaria sin contenido presupuestario, sin autorización del Concejo Municipal de Alajuela,  y sin autorización de la Controlaría General de la República para licitar y adjudicar el proyecto llamado “cortes pluviales del este”.

En segundo lugar, y el aspecto más importante, es que el proyecto de ley 18001 continúa la lógica del modelo de concesión de obra pública, que promovieron los gobiernos neoliberales del PUSC y PLN y hoy es respaldado por el PAC.

El modelo de concesión ha limitado las capacidades del MOPT para invertir en carreteras; el desfinanciamiento ha traído también deterioro en las condiciones laborales y despidos. El modelo de concesión ha sido la vía para que empresas privadas se enriquezcan mientras nos dejan carreteras de pésima calidad y  saquean las finanzas públicas.

Escándalos de corrupción como la Trocha fronteriza, el de OAS con la construcción de la carretera San José-San Ramón o el de la ruta 27 reflejan que la concesión multiplica las ganancias de los empresarios y propicia el robo en las arcas del Estado.

Por eso decimos que limitar la lucha a la eliminación del transitorio IV es un error, ya que todo el proyecto 18001, al estar sustentado en el modelo de concesión, pone en peligro nuestra estabilidad laboral y es un avance hacia el debilitamiento definitivo de nuestra institución.

Un sector de la junta directiva decidió en nombre de todos sin consultar

Desde hace semanas un sector de la junta directiva de UNATROPYT decidió una posición sobre la ley y las medidas a tomar.

Esto lo hicieron sin siquiera pasar por el conjunto de la junta directiva y mucho menos consultar a las bases,  a pesar de que esto nos afecta fuertemente a todos.

La propuesta que defiende este sector  es oponerse “únicamente al transitorio 4 que es el que nos afecta como trabajadores”.

En segundo lugar han hecho oídos sordos a la exigencia de discutir y decidir la posición sobre este proyecto con todos nosotros los afiliados en una asamblea.

En tercer lugar están poniendo toda su confianza en lograr un acuerdo con el gobierno y un sector de los diputados para obtener de ellos un compromiso de que no va a haber despidos.

Poner toda la confianza en los mismos diputados y el mismo gobierno que hoy atacan las convenciones colectivas, nuestros derechos laborales, el empleo estatal y que apoyan el modelo de privatización no es el camino que nos va a llevar al triunfo de la lucha.

Así, ese sector de la dirigencia se ha negado informarnos como afiliados, y mucho menos ha propuesto movilizarnos en contra de esta ley.

 ¡Por una asamblea democrática para decidir sobre la Ley 18001!

Desde el Partido de los Trabajadores y un grupo de compañeros que laboramos en el MOPT y somos afiliados a UNATROPYT, nos hemos dado a la tarea de recoger firmas para que la junta directiva convoque a una asamblea del sindicato donde seamos todos los trabajadores de la institución que nos informemos de primera mano sobre lo que está pasando y tomar una decisión desde las bases sobre la nefasta ley 18001.

Discutir un cambio en la política que el sindicato ha tenido ante esta ley, involucrarnos como trabajadores y exigir que nos tomen en cuenta es fundamental en este momento.

 Nosotros consideramos que la asamblea debe discutir sobre la necesidad de oponerse frontalmente al inminente proceso de despido de 1.300 trabajadores, cuya razón de radica no solo en el transitorio IV sino en la ley 18001 en su conjunto.

Resulta fundamental denunciar a los altos mandos del MOPT, al gobierno de Luis Guillermo Solís y al empresariado como los responsables de la crisis en la obra pública producto de la privatización que en ningún momento cuestionan.

Ante esta situación es vital discutir un plan desde los trabajadores para solventar el problema, que a nuestro parecerpodría incorporar los siguientes elementos:

  1. Para frenar los despidos y mejorar condiciones laborales para los trabajadores del MOPT, se deben abrir miles de nuevas plazas estables y bien pagadas para proteger al pueblo trabajador del desempleo.
  2. Por la derogación de la Ley de concesión de obras pública.
  3. Anulación inmediata de todas las concesiones efectivas y en curso que privatizan los servicios y la obra pública (seguridad, servicios de salud, etc.) sin ninguna indemnización para las empresas.
  4. Que el estado asuma toda la obra y servicios públicos que han sido concesionados, y que los trabajadores fiscalicemos que no haya corrupción ni ineficiencia en las mismas.

¿Cómo obtener recursos para lograr estas reivindicaciones? mediante el cobro de impuestos a los empresarios y la suspensión del pago de la deuda que el país ha contraído para sostener sus exoneraciones fiscales durante tantos años.

Para avanzar en la defensa del empleo digno y en la consecución de estas y otras reivindicaciones es necesaria la organización independiente y democrática de los trabajadores del MOPT, en conjunto con el sector público y privado del país.

La privatización de los servicios y la obra pública afecta a todo el pueblo trabajador, por eso, ante la ofensiva del gobierno, el empresariado y sus partidos, es necesario construir la unidad para luchar. Solo confiando en nuestras propias fuerzas en la movilización es que podemos defender de la mejor manera nuestros derechos.