Es necesario hacer un balance sobre la reforma procesal laboral

El 17 de agosto del 2010 se aprobó con dictamen afirmativo unánime, en la comisión de asuntos jurídicos de la Asamblea Legislativa, el proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral. En ese momento el diputado José María Villalta afirmó que “de parte de la Fracción del Frente Amplio vamos también a votar a favor el dictamen de este proyecto. Con mucha esperanza de que se logren consolidar esos acuerdos importantes alcanzados entre el Gobierno, el sector de trabajadores, y el sector patronal”. En un comunicado el Frente Amplio  informó que “hasta ahora, en nuestro balance el saldo es positivo. O sea, es más lo que ganamos con esta reforma” (Informe semanal 16-22 agosto 2010).

Los acuerdos a los que hacía referencia el diputado Villalta en ese momento contemplaban  medidas que limitaban el derecho de huelga y legitimaban instrumentos anti sindicales como los Comités Permanentes, todo esto  a cambio de supuestas mejoras en los procesos ordinarios laborales. Dichos acuerdos fueron tomados entre cuatro paredes por todas las fracciones legislativas (incluido el Frente Amplio), la alta dirigencia de la ANEP y el empresariado representado en la UCCAEP.

Un tema tan importante se pactó con los empresarios y se mantuvo enclaustrado en comisiones de “concertación” y en debates parlamentarios, sin que se hubiera debatido con toda seriedad y profundidad  este proyecto en el movimiento sindical. Luego del dictamen unánime en Comisión organizaciones como la APSE y la CGT alertaron sobre algunos alcances nefastos del proyecto y abogaron por corregir los aspectos regresivos que ya habían sido aprobados.

Se impuso un golpe de timón que abrió nuevamente el debate, obligando al Frente Amplio y a la ANEP a revertir el pacto firmado con la UCCAEP y a cambiar su posición respecto al proyecto. No obstante, pese al esfuerzo por enmendar los errores, la dinámica parlamentaria y de comisiones cerradas se mantuvo e  impidió que avanzaran las enmiendas propuestas al proyecto aprobado en comisión.  

Con la llegada al directorio legislativo de la “Alianza por Costa Rica” el Frente Amplio definió como su proyecto prioritario la reforma procesal, que había pasado un tiempo en el congelador ante la total indisposición del gobierno de permitir cualquier reforma al proyecto aprobado unánimemente en comisión.   No obstante, pocos días después  el Frente Amplio tuvo que solicitar la sustitución del proyecto por el expediente Nº 16.897 para Reconocer y Garantizar el Derecho Humano de Acceso al Agua.  La alianza parlamentaria demostró una vez más su total inutilidad para los intereses de la clase trabajadora, poniendo en evidencia el limitado alcance del parlamentarismo como estrategia, completamente incapaz de garantizar los cambios que requerimos.

Cualquier reforma favorable a los intereses de la clase trabajadora solamente podía avanzar con la presión extraparlamentaria de movilización y acción sindical, la cual nunca se dio. Durante la discusión del proyecto, salvo algunas pocas excepciones, tampoco hubo un  debate amplio en cada una de las bases de los sindicatos y a nivel popular que permitiera concientizar y generar organización para  luchar.

La discusión sobre la reforma deja también un nefasto precedente de concertaciones espurias con el empresariado. Mediante un comunicado la UCCAEP señaló públicamente que “el texto en discusión en la Asamblea Legislativa es producto de un acuerdo entre sindicalistas, gobierno y empresarios. [La] Iniciativa ha sido conocida de en varios foros tripartitos desde hace más de seis años”  y que por lo tanto exigirían “respeto en todos sus extremos del acuerdo alcanzado para que el proyecto de reforma Procesal Laboral se apruebe en la Asamblea Legislativa”.

Ante este emplazamiento público del empresariado quienes firmaron ese oscuro pacto guardaron silencio, mientras la reforma fue retirada de las prioridades de discusión sin gloria alguna.