El aborto como realidad de las mujeres trabajadoras

28 de septiembre, Día por la despenalización del aborto

Son muchas las razones por las que una mujer decide abortar. Se calcula que en el país se practican unos 27.000 abortos inducido al año, es decir un aborto por cada tres niños nacidos vivos[1].

Esas mujeres que pueden ser nuestras vecinas, madres, hermanas, compañeras de trabajo o de clase, enfrentan su decisión en silencio ante una sociedad que sigue tratando el tema como un tabú.

A pesar de que existe una invisibilización y negación de la situación, son miles de mujeres las que se han practicado un aborto inducido, pero el tema es encubierto no solo por la ilegalidad de estos casos, sino por la condena social que estigmatiza a las mujeres.

Las mujeres pobres llevan la peor parte con la penalización

En países como Costa Rica, donde la práctica es ilegal, las principales afectadas son las mujeres pobres, que no pueden pagar servicios médicos de atención privada o en el exterior, para practicarse el aborto y recibir atención después del procedimiento. Mientras las mujeres ricas van a clínicas, las pobres se autoinducen el aborto.

Las probabilidades de complicaciones producto de abortos inducidos dependen de muchos factores, uno de ellos es la calidad con la que se aplica el procedimiento, sin embargo esa elección está asociada a las condiciones económicas de las mujeres. La Asociación Demográfica Costarricense indica que: “las mujeres con mayor nivel educativo, acceso al mercado laboral, acceso a las tecnologías de la información y residentes de las zonas urbanas tienen una mayor probabilidad de acceder a un proveedor calificado y por lo tanto menor probabilidad de sufrir complicaciones producto del aborto inducido. Por el contrario una mujer del área rural, con poca educación y dependiente del ingreso económico de su pareja, ve limitado su espacio de elección del proveedor y por tanto aumentan los riesgos en que incurrirá. Además, podría ser afectada por otros factores como una nutrición inapropiada, el tiempo de recuperación postprocedimiento y la adquisición de medicamentos.”[2]

Cuando por la ilegalización del aborto, la práctica se hace de manera clandestina, existe un alto porcentaje de complicaciones que pueden llegar a causar la muerte o alteraciones de salud en las mujeres. El riesgo de sufrir algún tipo de complicaciones post aborto está íntimamente relacionada a la situación económica, y por eso son las mujeres trabajadoras, las que tienen mayor probabilidad de sufrir complicaciones. Es decir, es la salud y la vida de las mujeres pobres la que se pone en riesgo con la penalización del aborto.

Mujeres centroamericanas, resistiendo la persecución de la pobreza

En todo Centroamérica, la prohibición del aborto afecta más a las trabajadoras. Es conocida la causa de “las 17“ en El Salvador, que son mujeres que tuvieron abortos por causas naturales, pero que al llegar a los centros médicos por las complicaciones sufridas, fueron acusadas y encarceladas por supuestamente haberse practicados abortos. Ellas, que son amas de casa, empleadas domésticas, obreras, vendedoras ambulantes, han sido juzgadas a pesar de no tener elementos suficientes de prueba en su contra.

Una situación similar ocurre con las mujeres nicaragüenses en el país, que son tratadas como objeto de satisfacción laboral y sexual de sus patronos. Estas mujeres llegan a asumir por lo general trabajos de limpieza doméstica o labores agrícolas en las mayores condiciones de explotación. Aprovechándose de su situación laboral y legal, muchos empleadores las amenazan con el despido o la denuncia ante migración para que cumplan con “favores sexuales.” Cuando víctima de estas violaciones o de sus relaciones propias, las mujeres informan de su embarazo, muchos patronos en zonas fronterizas les dan inclusive el dinero para que vayan a abortar a su país de origen y con esto no “interrumpir” su trabajo. Y aunque es un secreto a voces en muchas comunidades, el hecho no puede ser denunciado contra los patronos precisamente porque el aborto sigue siendo penalizado y quien tiene la situación de mayor vulnerabilidad son las trabajadoras. Es decir, quien puede terminar siendo condenada es la mujer migrante, pobre, víctima de violencia sexual.

Por eso es claro que la penalización del aborto no hace más que someter a las mujeres pobres a condiciones injustas, de maltrato y persecución.

El gobierno le sigue el juego al bloque conservador

Detrás de la negación de los derechos a educación sexual, a métodos anticonceptivos y al derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, está una visión conservadora que sigue necesitando del control del cuerpo de las mujeres. Esta posición es impulsada como política de Estado por sectores religiosos que cuenta con una preocupante fuerza dentro de la Asamblea Legislativa, expresado en el llamado “bloque conservador”.

Este bloque, conformado por los partidos cristianos, y al cual se le suman de manera transitoria y oportunista los distintos partidos políticos, definen las políticas públicas a partir de elementos religiosos donde es conocida su oposición a la educación sexual, el uso de métodos anticonceptivos y cualquier control de la maternidad.

A pesar de que en el 2012 el gobierno del PAC anunció su interés de avanzar en una reforma constitucional por un Estado laico, a inicios de este año Luis Guillermo Solís aclaró que esta no sería una de sus prioridades. Así los partidos de la burguesía, empezando por el mismo partido del gobierno y acompañado por el Frente Amplio, han abandonado las luchas por los derechos de las mujeres a cambio de ubicar en los primeros lugares de la agenda legislativa proyectos que atacan a la clase trabajadora.

Y es que con su política no solo se condena el derecho al aborto, también se niega el derecho a ser madres. El gobierno del PAC es cómplice de los despidos contra las mujeres embarazadas, de la persecución contra las mujeres migrantes, de la insuficiente licencia de maternidad, de las precarias condiciones de los Cen Cinai y de la cobertura insuficiente de la Red de cuido.

Nuestro programa

En primer lugar, es necesario desmitificar el tema del aborto. Como decíamos al inicio, son miles de abortos inducidos los que se practican anualmente en el país, sin embargo las condiciones de clandestinidad están colocando a las mujeres trabajadoras, ante condiciones de peligro para su salud y su vida.

Para poder hacer efectivo el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, es necesario crear una serie de condiciones que les permitan tomar decisiones informadas y seguras.

  • Las estadísticas nacionales indican que las relaciones sexuales inician entre los 15-17 años[3]. A pesar de esto, solamente un 10% de la población entre esas edades, manifiesta haber recibido información relacionada con la sexualidad. Por eso, en primer instancia es necesario garantizar educación sexual laica desde la escuela.
  • El alto costo de los anticonceptivos a través de medios privados, aunado a la baja calidad y el difícil acceso de los mismos mediante los hospitales y Ebais, desestimula el uso de estos métodos. Es necesario garantizar anticonceptivos gratuitos, de fácil acceso y de calidad para toda la población.
  • A pesar de que el aborto terapéutico ya es permitido en el país para aquellos casos en los que se encuentra en riesgo la salud o la vida de las mujeres, la falta de un reglamento hace que muchos médicos se nieguen a aplicarlo. Exigimos la regulación inmediata del aborto terapéutico, para que ninguna mujer siga sufriendo las consecuencias de la violencia obstétrica.
  • Sabemos que a pesar de los deseos de muchas mujeres por ser madres, cuentan con condiciones que se lo impiden, porque el Estado no garantiza centros de cuido ni opciones de salud, educación o vivienda a la clase trabajadora. Por eso exigimos también mejores condiciones para que las mujeres puedan tener acceso a todo tipo de servicios que les permita el disfrute pleno de su maternidad.
  • Ante todo esto, las organizaciones sindicales no pueden quedarse calladas como lo han hecho hasta ahora, la defensa de los derechos de las mujeres, nacionales o extranjeras, es una obligación de toda la clase obrera. En la lucha contra la violación a los derechos labores, contra todo tipo de opresión y en defensa de un Estado laico y del derecho a decidir, las organizaciones gremiales y sindicales también deben estar presentes.
  • No solo es importante la legalización del aborto sino también su gratuidad a través de los servicios públicos. Actualmente las condiciones seguras para practicarse un aborto están restringidas para aquellas mujeres que puedan pagarlo. Porque la maternidad es un asunto de decisión, no de imposición y porque defendemos la vida y la salud de las mujeres, exigimos aborto libre, seguro y gratuito!

 

[1]Asociación Demográfica Costarricense. Estimación del aborto inducido en Costa Rica.

[2] Idem.

 [3] Encuesta Nacional de Juventud