Día Internacional del Orgullo LGBTI: Combatir la discriminación en todos los sentidos

Una de las necesidades más concretas que hoy está planteada para la comunidad LGBTI es la lucha contra la discriminación. Esta se manifiesta de muy diversas formas, implicando que en distintos espacios se deban dar respuestas políticas para este mal que nos aqueja como sociedad.

Como mencionamos en la primera parte de éste comunicado, si bien han habido algunos avances importantes como la posibilidad de aseguramiento entre parejas homosexuales, visitas hospitalarias, adopción de niños, fallos de tribunales a favor de uniones de hecho y, más recientemente, el reconocimiento de pensión por muerte. Estas no dejan de ser medidas paliativas, pequeñas concesiones que se dan desde la institucionalidad para cooptar a algunas de las dirigencias de los movimientos sociales y con ello frenar las luchas. En este sentido, nos parece que aún hay muchísimas deudas con la población LGBTI, en materia de derechos y de las mismas garantías de convivencia en sociedad desde un abordaje más estructural.

La necesidad de un Estado Laico

A pesar de las promesas de campaña electoral de Luis Guillermo Solís, aún continua vigente el modelo de Estado Confesional, el último en América Latina. Es decir, la Iglesia católica es parte del aparato estatal como un ente de referencia para la definición de políticas, sumándosele a esto el aumento en la presencia de diputados cristianos en la Asamblea Legislativa, quienes sin ningún tipo de reserva o limitación legislan a partir de criterios meramente religiosos. En más de una ocasión, estos criterios se han traducido en discursos de odio y discriminación particularmente en temas de diversidad sexual y derechos sexuales y reproductivos, criterios que se pretenden imponer obstaculizando proyectos importantes como la Fecundación In Vitro y el proyecto de Matrimonio Igualitario.

La Iglesia católica sigue siendo financiada con una gran parte de los impuestos de los habitantes, y cuenta con beneficios como subsidios para las escuelas católicas, asistencia del Ministerio de Cultura para la restauración de templos y exenciones al impuesto sobre la propiedad. Contrario a lo que se dijo en campaña, el presidente Solís en lugar de eliminar esta situación, planteó ampliar los privilegios también para otras religiones. En lo concreto, esto significa seguir permitiendo que la religión se imponga como criterio irrefutable y seguir desviando parte del presupuesto nacional para sostener a una institución que promueve la discriminación y el irrespeto a los derechos de todas las personas.

Educación laica y científica libre de discriminación

Una de las manifestaciones más claras del carácter confesional del Estado ha sido la proyección sobre los contenidos y orientaciones de la educación pública. En el plano inmediato podemos recordar el debate sobre las “guías sexuales” y todo el prejuicio que se ha montado la Iglesia sobre el manejo del tema de la sexualidad, que se profundiza al tratar aspectos como la orientación sexual y la identidad de género con un sesgo religioso y mitificado; también tópicos de formación ciudadana que a pesar del discurso, se siguen planteando desde una óptica conservadora, heteronormativa y sin problematizar la situación referente a los Derechos Humanos y la condición actual de la comunidad LGBTI.

Con todo esto, la discriminación dentro de los centros educativos se sigue alimentando, y la formación de nuevas generaciones que seguirán conformando sociedades intolerantes e irrespetuosas de los derechos y libertades. Nos parece que para combatir la cultura discriminatoria y violenta, es fundamental luchar por una educación libre de cualquier influencia religiosa, que forme personas a partir de criterios científicos y contra cualquier tipo de discriminación.

Expresiones de violencia: ¿pasa en Costa Rica?

Tras el sangriento evento de la madrugada del 12 de junio, que dejó como saldo a 50 muertos y 53 de heridos de un bar gay en Orlando en EEUU, producto de un crimen de odio fundamentado en la homofobia, muchas personas se cuestionan sobre la posibilidad de que eso ocurra en Costa Rica. Si bien algunas personas pueden creer que no hemos llegado a ese nivel de violencia, hay un sinfín de otras manifestaciones de odio que se sufre a raíz de la orientación e identidad sexual que cada quien ha elegido.

La discriminación en nuestro país se traduce en distintos tipos de violencia, que van desde las miradas acusatorias, los insultos, abusos, las limitaciones a la utilización de espacios públicos, bares y locales que han impedido que parejas homosexuales se besen o acaricien solo por ser dos personas del mismo sexo, hasta las leyes como el Código Penal que en su artículo 378 sanciona la homosexualidad practicada “de forma escandalosa”, sin definir tal concepto y dejándolo a la consideración subjetiva de los jueces.

También la violencia desde la institucionalidad es profunda. Por ejemplo, la imposibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo -además de coartar libertades- ha llevado a casos de acusaciones judiciales como ocurrió con Jazmín Elizondo, quien gracias a un error del Registro Civil durante toda su vida, pudo contraer matrimonio con su pareja Laura (Lalay) Florez-Estrada; ella ahora enfrenta un proceso legal. También podemos citar el caso del Programa de Vivienda, donde para conseguir financiamiento de órganos estatales el núcleo familiar debe corresponder al modelo tradicional heterosexual.

Pero sin duda alguna, la manifestación más violenta de la discriminación son las constantes agresiones físicas, especialmente por parte de individuos o grupos que persiguen a las personas trans trabajadoras del sexo, con el fin de atacarlas con piedras, palos e incluso balas. Y que no solo queda ahí: posteriormente sufren la discriminación o desatención por parte de la Fuerza Pública y la indiscreción de los medios de comunicación. Un problema grave, que poco a poco ha sido tratado por organizaciones como Transvida, pero que aún necesita mucha atención y apoyo en materia de seguridad y lucha contra ese odio irracional que proyecta nuestra sociedad.

Es urgente avanzar en materia legal para que la comunidad LGBTI tenga las mismas facultades que el resto de la población, con pleno goce de derechos y libertades. Son necesarios más programas para brindar protección a esta población, de manera integral, para tipificar los delitos generados por la homofobia y para dejar de invisibilizar la violencia a la que está expuesta.

Discriminación laboral

Gracias a que el prejuicio y discriminación hacia la diversidad sexual aún está muy enraizada en nuestra sociedad, y a que las condiciones en general de la clase trabajadora y la juventud son cada vez peores, a los problemas que enfrenta la población LGBTI también se le suma el tema laboral. Y es que si bien hay algunos casos de empresas que se declaran “gay friendly” (amigables con los gays) como Amazon o HP, esas son excepciones. No hay que dejar de lado que son trasnacionales que sobreexplotan a los trabajadores y principalmente les prohíben sindicalizarse u organizarse de alguna manera, imponiéndoles jornadas absurdas, inestabilidad y además, aprovechándose de las escasas opciones de empleo [de calidad].

La situación es compleja en el marco del derecho al trabajo sin discriminación. Hace algunos años se presentó ante la Sala Constitucional un caso sobre discriminación laboral por orientación sexual hacia un profesor, pero el caso se desestimó por aparente falta de pruebas. En general no hay mecanismos procesales en los regímenes de empleo privado ni en la Administración Pública para evitar o eliminar la discriminación por orientación sexual.

De ahí la importancia de que las luchas de la comunidad LGBTI se fusionen con las de la clase trabajadora en general, y que en conjunto luchemos por defender las convenciones colectivas de trabajo, para que puedan ser aprovechadas como herramientas para combatir la discriminación en los centros de trabajo, la desigualdad salarial, la doble y hasta triple explotación que se sufre en el sistema capitalista. Luchemos por todas las garantías para todas las personas.

Es fundamental llevar todas estas luchas a fondo, organizarse de manera independiente, movilizarse como la mejor herramienta de presión contra el gobierno que no termina de responder a las necesidades más sentidas de estos sectores. No podemos seguir apostando y confiando en las mesas de diálogo ni con el PAC ni con los demás partidos en el parlamento que intercambian derechos por movidas políticas. Más allá de los cambios institucionales que son importantes, debemos luchar por cambios en nuestras condiciones de vida de manera estructural, y no podemos acabar con las opresiones sin acabar con el capitalismo que las ha creado para servirse a sus propios intereses de clase.