Solo el pueblo organizado podrá frenar los despidos en Limón ¡Abajo la concesión de los muelles!

El pueblo limonense sufre una nueva ola de despidos, que comprueba una vez más los efectos devastadores de la concesión de los puertos de Moín; hoy la provincia se debate en una verdadera crisis social en la que el gobierno de Carlos Alvarado se muestra como el claro responsable al colocarse del lado de la multinacional APM y no ofrecer respuestas al pueblo trabajador limonense.

Esta vez será la compañía CADESA que despedirá a 400 trabajadoras y trabajadores solo unas semanas después de comenzar las operaciones del megapuerto de APM. Estos despidos se suman 240 despidos en enero producto del cierre de operaciones por parte de la Standard Fruit Company. El escenario que viene es todavía peor ya que se prevén entre 4 mil y 5 mil despidos a partir de la entrada en funcionamiento de APM.

El gobierno Alvarado celebró con bombos y platillos que con APM vendrá el desarrollo, pero no da la cara en medio de esta crisis del desempleo que azota a más de 40 mil personas del cantón central Limonense. Acerca de los despidos de enero el MTSS prácticamente se vio obligado a intervenir debido a la huelga, y en este caso, ya hubo una primera movilización importante pero aún no presenta voluntad para intentar resolver la situación. Esto contrasta con el rápido accionar para perseguir huelguistas o para perdonar deudas millonarias a empresas, como recientemente ocurrió con la amnistía tributaria por 14 mil millones de dólares a Standard.

En medio del acto de inauguración, con la presencia de todos los políticos entreguistas reunidos en Moín, la empresa, como buena explotadora que es, dice que se trata de “un giro en el paradigma actual. Cada actor está -entonces- en libertad de ajustarse a esta nueva forma de hacer comercio, el cual aumentará en 23% desde febrero 2019, así como se espera la generación de 147 mil empleos indirectos en todo el país en 10 años”. Sin embargo, no presenta ningún dato serio de cómo y qué condiciones traerán esos empleos que si se piensan a lo largo de 10 años no representa un cambio importante, tomando en cuenta que la falta de trabajo crece de la mano de la ganancia capitalista.

De igual manera, el gobierno reivindica que con las ganancias de APM se dará un cánon de 20 mil millones de dólares que ni siquiera JAPDEVA podrá administrar directamente para el desarrollo de la región porque lo administrará un fideicomiso bancario; es decir, todo indica a que la concesión no solo traerá despidos y miseria, sino eventuales manejos corruptos de ese dinero.

El gobierno de Alvarado apuntala lo que dejaron listos los gobiernos neoliberales del PLN: seguir desfinanciando JAPDEVA para que no invierta en la provincia y entregarle al capital privado la administración de los puertos.  El camino del segundo gobierno PAC es continuar con la entrega de la soberanía y convertir a la provincia en un enclave exportador de piña, banano regido bajo una dictadura patronal donde los trabajadores sufren persecución si intentan organizarse para defender sus derechos.

La concesión de la ruta 32 al capital chino, la expansión del monocultivo, la operación de APM, así como propuestas de creación de zonas francas hacen ver mucha riqueza para los empresarios, pero crisis social, desempleo y más pobreza para el pueblo trabajador.

Desde el Partido de los Trabajadores nos pronunciamos contra los despidos que reflejan el carácter neoliberal de este gobierno. No basta con favorecer la evasión, como se hizo Standard Fruit Company al darle una amnistía para no pagar 14 mil millones de dólares; se trata de una política consciente de despidos que generará sin duda una masa de desempleados y aquellos que vuelvan a ser contratados lo hagan por salarios muchísimo más bajos y con peores condiciones que en la actualidad. Con esto se quiere equiparar la política de superexplotación y deteriorados salarios que existe en el resto de países centroamericanos.

En ese sentido, saludamos la convocatoria que realizó la Federación de Trabajadores Limonenses (FETRAL) el viernes 15 de marzo, a todas las fuerzas vivas de la provincia. Creemos que es necesaria la lucha de toda la clase trabajadora limonense, con sus organizaciones sindicales, campesinas y populares, para defender el empleo y por la recuperación sin indemnización de los puertos de vuelta a manos de JAPDEVA.  Ya se comprobó que este gobierno no llevará a cabo esta tarea porque defiende los intereses del gran capital. Son las organizaciones populares las que deben romper con el modelo neoliberal de concesión y además formular un plan de reactivación económica basado en obra pública que pueda generar puestos de trabajo de calidad y con libertad de organización sindical.

Esta plataforma de lucha debe discutir la necesidad ocupar las empresas para ponerlas a producir en manos de los trabajadores. El control obrero de la producción, la reducción de horas de trabajo por igual salario contribuirá a la estabilidad laboral y a combatir el desempleo. El empresariado y el gobierno cómplice atacan brutalmente nuestros bolsillos y son los únicos responsables de la crisis social que vive la provincia, de ahí que la respuesta por parte del movimiento sindical y popular debe ser el enfrentamiento a estas políticas imperialistas.