Por un plan de obra públicas financiado con impuestos a las empresas que genere empleos estables y mejor pagados.

TelecomunicacionesCon solo dar un vistazo a las carreteras, hospitales, centros educativos y viviendas del país, cualquier persona se puede percatar sobre el gran deterioro que han sufrido estos sectores en los últimos años, recalcan la escasa e insuficiente inversión por parte del estado.

Las consecuencias de la poco inversión se refleja en diversos problemas como el deterioro de las carreteras nacionales donde hoy no se cuenta ni con un kilómetro con catalogación de “muy bueno”, las buenas no llegan al 3%, las regulares representan un tercio, mientras que el 64.6% de nuestras vías se catalogan entre las categorías deficientes y muy deficientes1.

Pero el rezago del país no solo es en la materia vial, sino también se encuentra la educación donde aparte de que no llegar al 8% del PIB para 2015, las consecuencias del desfinanciamiento ya son palpables no solo en infraestructura donde un 10.7% de centros educativos se encuentran en mal estado, sino en la calidad de educación está perjudicando a mayor escala a las zonas rurales donde el 68% de las escuelas con mal desempeño académico 86% se encuentran ubicadas en estas zonas2.

La política del gobierno en no invertir también no solo afecto los servicios dela CCSS , viviendas (donde el déficit aumento un 34% en los últimos 11 años3), sino que este problema está vinculado y es responsable de que el desempleo se encuentre en un 18 %, el nivel más alto de los últimos 30 años.

El actual modelo de concesión es la salida de todos los partidos patronales

La respuesta actual de todo el sector empresarial ante la escasa inversión en obras públicas, es el modelo de concesión, que por los casos de la carretera San José- San Ramón, la refinería con China y más recientemente los EBAIS del programa PAIS ha generado que este tema se encuentre dentro de la discusión cotidiana a nivel nacional.

Las concesiones se han convertido en el mejor método para los sectores de la burguesía para lucrar con las obras y las instituciones del estado, a través de las compañías propias o de familiares o ya sea como socios minoritarios de alguna transnacional por los “favorcitos”. Aparte de generar el tráfico de influencias y corrupciones, las concesiones son una forma de apropiación privada de fondos públicos con el dinero de impuestos o de préstamos, donde gran parte de lo que se paga por la obra contratada es ganancia directa para la compañía.

La carretera San José – San Ramón ejemplifica muy bien el problema, donde hasta el traslado del contrato la concesión de autopistas del Valle a OAS se hizo sin ningún proceso de concurso, privilegiando una empresa donde curiosamente Pedro Castro (ministro del MOP) había trabajado como asesor hacia menos de un año, la empresa hubiera tenido concesionada esta carretera por 30 años dándole tiempo de recuperar hasta seis veces el monto de la inversión, este enriquecimiento seria a costa del dinero de las familias costarricenses que tendrían que haber pagado 80 mil colones mensuales para transitar por una carretera que en los hechos solo se iba a ampliar en ciertos tramos. A partir de la organización del pueblo en contra del proyecto, el gobierno echa para atrás, pero estas transnacionales imponen sus intereses respaldado por los tratados de libre comercio y es por eso que OAS termina demandando al país por indemnización.

Con este modelo no solo permite que compañías lucren a través del pueblo y saquean al estado, sino que aparte de violentar permisos de impacto ambientales y social, se les deja impunes por estos daños (caso de crucitas y trocha), también permite que se nos demande por utilizar nuestra soberanía.

Pero no solo las vías entran dentro de este modelo, sino que también las instituciones públicas; con la crisis de la caja del seguro social, el gobierno ha utilizado esta excusa para justificar las concesiones de servicios y de los mismos EBAIS (ejemplo el reciente caso del programa PAIS de la UCR-CCSS), donde no solo al final la caja termina gastando más dinero por el pago de servicios a terceros en comparación si los estuviera brindando, termina por privatizarle los servicios clínicos a miles de usuarios y abre el portillo para justificar los masivos despidos de personal.

Por estas razones desde el Partido de los trabajadores estamos en contra del conjunto del modelo de concesiones y consideramos que el estado es el que debe de asumir con un plan de obras públicas que resuelva esta crisis de infraestructura, servicios y desempleo.

¿Cómo se financiaría el nuestro plan de obras públicas?

Para poder financiar el plan de obras públicas que proponemos es necesario realizar con una reforma fiscal, donde en lugar de seguirle cobrándole más impuestos a los trabajadores, se comience a cobrar mayores impuestos a las grandes empresas que generan millonarias ganancias en el país, para los evasores de impuestos se debe contemplar las penas de cárcel con confiscación de los bienes.

Esta reforma debe de eliminar el “régimen de excepciones” el cual actualmente permite que las zonas francas, las grandes compañías agro-exportadoras vivan dentro de una “burbuja privilegiada” que aunque lucran millonadas utilizando nuestros recursos no pagan ni un solo colon para producir.

Este financiamiento pasa por la suspensión del pago de la deuda pública, ya que este rubro es una de las mayores partidas (33%) en que se gasta nuestro presupuesto, es necesario recordar que esta deuda ha sido generado por la condescendencia de los gobiernos a los grande empresarios para evitar a toda costa cobrarles impuestos a este sector, por lo que para sostener este sistema de privilegios, el estado opta por endeudarse, por los que terminan pagando la factura son los trabajadores.

Los beneficios del contar con un plan de obras públicas estatal

De aplicar las medidas de financiamiento, el estado contaría con el dinero suficiente para poder invertir no solo en infraestructura, sino en servicios públicos.

La CCSSS saldría de la condición de crisis financiera impuesta por causa de las morosidades de los grandes patronos y el estado, por lo que se podría invertir en infraestructura, equipos, medicamentos, generando apertura de servicio de calidad y nuevas plazas de trabajo; lo cual el asegurado seria uno de los mayores beneficiados.

Con la recaudación de impuesto se debe invertir no solo un 8% sino un 10% del PIB para la educación pública que ayude a supera el déficit de infraestructura educativa, asegurar las comidas gratuitas en los comedores de los centros educativos, invertir en la calidad educativa con programas de alto contenido científico de idiomas y técnico en todas las zonas del país.

Con este dinero el estado debe construir viviendas para la clase trabajadora y guarderías que sean públicas y gratuitas, para que las mujeres puedan trabajar tiempo completo, evitando el subempleo, ni que ellas tengan que pagar por el cuido de sus hijos a terceros para poder aportar en la economía del hogar.

Con el plan de obras públicas del estado además de poder invertir en infraestructura y lo que esto conlleva investigación, especialistas, maquinaria y tecnología; al ser el estado el responsable se eliminaría la actual exportación de obra mano de obra y los especialistas extranjeros, y esto generaría un mayor número de empleos donde se garantice no solo buenas condiciones laborales estables sino también seguro social. Con este plan se evitaría el saqueo del dinero del estado ni del pueblo, y no se empeñaría nuest

ra soberanía.

El plan también invertiría en una refinería de hidrocarburos, que aparte de comenzar a eliminar la actual dependencia de importación de petróleo que sufre el país, que es el culpable no solo de encarecer la gasolina y los pasajes del transporte público, sino que indirectamente es un factor que influye en el aumento de la canasta básica y de los servicios, vendría a regular los precios.

Para que estos planes de obras públicas no se vinculen casos de corrupción y se asegure una óptima planificación y manejo de recursos, debe de existir una fiscalización por parte de los trabajadores, usuarios y vecinos de las comunidades que tengan control de las obras.

¡Por un plan de obras públicas que resuelva la crisis de infraestructura y de servicios públicos y combata el desempleo abriendo miles de nuevas plazas estables y con seguro!

¡Que las empresas de las zonas francas y demás exoneradas paguen impuestos!

¡Que se suspensa el pago de la deuda pública!

¡Que esta plata se use para salvar la CCSS, la educación, pensiones, para arreglar carreteras y construir viviendas y guarderías para las familias trabajadoras!

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ñ http://www.teletica.com/Noticias/29411-13-anos-despues-de-fundado-el-CONAVI-la-calles-estan-peor.note.aspx
[2] http://www.crhoy.com/informe-de-estado-de-la-educacion-oferta-de-educacion-no-es-problema-lo-que-preocupa-es-la-calidad/
[3] http://www.crhoy.com/deficit-habitacional-en-costa-rica-crecio-346-en-los-ultimos-11-anos/