Con el Plan Fiscal es necesario preparar las luchas que vienen

Una vez aprobado el Plan Fiscal por la Asamblea Legislativa, muchas son las lecciones que esta huelga le deja a toda la clase trabajadora. Este proceso histórico de lucha, que arrancó con la huelga general del sector público del 10 de setiembre, es únicamente una primera batalla de una guerra que los ricos están enfilando contra los trabajadores y el pueblo.

Durante la pasada campaña electoral, nuestros candidatos y candidatas, especialmente Jhon Vega, aprovecharon los debates y entrevistas para discutir que uno de las principales discusiones de este periodo era la crisis fiscal y las formas de salir de esta. Para nosotros solo había dos opciones: que la crisis la pagara el pueblo, como proponían todos los otros partidos, o sino los ricos, como efectivamente propuso el PT.

Tan solo 24 horas después de que entraron las primeras medidas del plan fiscal (básicamente aquellas que perdonan deudas, sanciones e intereses a empresas vinculadas con el Estado), cayó como un gran balde de agua fría sobre el pueblo la lista de las grandes empresas que no aportan impuestos. Con ello quedó claro que la crisis la están pagando los trabajadores y los pequeños negocios, mientras a los ricos se les perdonan las deudas, se les aprueba producir sin pagar impuestos por la Ley de Zonas Francas o simplemente se les permite no pagar tributos por declarar cero ganancias.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es solo el primero de varios ataques que prepara el gobierno Alvarado-Piza

Debemos tener claro que este plan fiscal, según el propio gobierno es solo una medida provisional, la cual no hace que el país salga de la crisis. Por el contrario, vienen nuevos y agresivos ataques, de modo que sea el pueblo el que siga cargando con los costos del creciente déficit.

En el horizonte se ven 3 medidas principales que el gobierno estaría planteando ejecutar inmediatamente después del plan fiscal y que por lo tanto significan la agenda de lucha de los sectores populares para los próximos meses.

Por un lado está la llamada Ley de Empleo Público, que no es más que la imposición de una serie de cambios en los salarios y la estabilidad laboral de los trabajadores estatales, para llevarlos lo más cerca posible las condiciones de superexplotación y dictadura patronal que hoy padecen los trabajadores en el sector privado.

La otra medida que anunció el gobierno para el 2019 es la “Modernización” del ICE y de RECOPE, así como el cierre y fusión de varias instituciones y dependencias estatales. También se avecina la venta de total o parcial de acciones de empresas públicas como Kölbi o la Fanal, tarea que se está elaborando desde la llamada “Comisión de Reforma de la Administración Pública” en el MIDEPLAN. Todos los cambios entrarían a regir en el 2020 basados en una normativa aprobada a inicios de este año denominada “Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del Gobierno Central”.

Esos cabios claramente significarían despidos de trabajadores públicos, pero además la concentración de instituciones bajo un mismo presupuesto, como ya hizo Carlos Alvarado con la inclusión del INA y preescolar en el 8% del PIB para la educación, que en realidad significó una maniobra de recorte presupuestario a la educación pública; ese sería el futuro de las instituciones que atienden programas sociales.

La tercera medida que el gobierno impulsaría en el próximo periodo es atacar las pensiones, principalmente las de regímenes como el magisterio (JUPEMA) o el Poder Judicial, que buscarían unificarlas con las del régimen del IVM del CCSS. Sobre esto ya el PUSC presentó el proyecto del Expediente 20.927 denominado “Ley de justicia, solidaridad y solidez de las jubilaciones en Costa Rica”, que va dentro de una lógica de “modernizar” el sistema de pensiones; tiene como fin último aumentar los aportes obreros a las pensiones, aumentar la edad de las jubilaciones y disminuir el monto final de la pensiones que recibirían los trabajadores.

La aprobación del Plan Fiscal es una derrota, porque la huelga general del sector público tenía como objetivo enterrar ese nefasto proyecto. Eso no se logró, pero ninguna huelga es en vano; lo que cientos de miles de trabajadores han aprendido en estos pocos meses de lucha, sin duda ha sido más que lo que se pudo aprender en 10 o más años de paz.

A continuación queremos enumerar algunas de las lecciones que nos ha dejado este proceso, que a nuestro criterio deben ser ampliamente discutidas para preparar las luchas que se avecinan.

1. ¿Luchar por la “justicia tributaria” o por un Programa Socialista para enfrentar la actual crisis?

No se puede negar que existe una crisis fiscal en el país donde está planteada la quiebra del Estado si no se realizan cambios en las finanzas públicas. Pero tal y como señalábamos arriba, la discusión principal debe ser sobre quiénes pagan por esa crisis, y hasta el momento se la están cobrando a los trabajadores.

Nosotros criticamos fuertemente algunos sectores como las direcciones sindicales y el mismo Frente Amplio, que han mantenido un discurso de que el objetivo de la lucha debe ser lograr la “Justifica Tributaria”, donde aceptan que la clase trabajadora aporte a la crisis pero que “también los ricos paguen” y bajo esa lógica se apoya por ejemplo en el caso del Frente Amplio que se apruebe el IVA, o que se ataquen condiciones laborales de ciertos gremios como los médicos o algunas capas de trabajadores públicos y pensionados.

Por el contrario, antes de apoyar cualquier medida que afecte el bolsillo de los trabajadores, hay muchas otras formas de salir de la crisis, pero esas formas significarían enfrentar directamente los intereses de los empresarios.

Los trabajadores debemos levantar un programa que represente los verdaderos intereses de la clase trabajadora, algunas de las medidas que proponemos para salir de la crisis son:

Suspender los pagos de la deuda pública y auditarla con el fin de declarar deuda odiosa e impagable:

La deuda es el principal problema del país, causando un déficit insostenible en las finanzas del EstadoEstad; actualmente la mitad de todo el presupuesto del gobierno se destina a pagar esa deuda.

La deuda es una forma de dominación que tienen los países ricos e imperialistas con los países pobres en todo el mundo, no es poco común que los ataques que Carlos Alvarado está realizando contra los trabajadores en Costa Rica, no solo obedece a lo que los organismos financieros internacionales le obligan a hacer; son los mismos aplicados por gobiernos como el de Daniel Ortega, Mauricio Macri en Argentina o Jair Bolsonaro en Brasil y  demás países latinoamericanos.

Suspender el pago de la deuda de entrada significaría que el gobierno tendría el doble de presupuesto para invertir en los grandes problemas que tiene el país, así por ejemplo en solo un año de no pagar la deuda, se podrían dar el doble de los bonos de vivienda que se dan hoy, el doble de estudiantes podrían entrar a las universidad públicas, se podría invertir el doble en arreglar caminos, y proyectos como el tren eléctrico serían una realidad inmediata.

Por otro lado, la realización de una auditoría popular de la deuda nos permitiría saber al igual que hoy sabemos cuáles grandes empresas no pagan impuestos, a quién se debe la deuda pública, cuáles son los intereses, cuánto se ha pagado, cuántos de esos presupuestos se han robado los políticos corruptos, e incluso usar la figura de la “Deuda Odiosa” aquella deuda que por diversos factores no estaríamos dispuestos a pagar.

La “deuda odiosa” es un concepto propio del derecho internacional donde un estado define que no pagará una deuda si esa no se usó por motivos de corrupción para fines de provecho para los intereses del pueblo. Recientemente en el año 2005 Ecuador declaró como deuda odiosa el 70% de su deuda externa, por lo que dejó de pagarla, así también en 2001 Argentina auditó su deuda después de quebrado el Estado y dejó de pagar un gran portaje de la misma.

Otros ejemplos son cuando Costa Rica en 1919 se negó a pagar la deuda que había contraído la dictadura de los Tinoco, o Irak en 2003 consiguió que anularan gran parte de la deuda contraída durante la dictadura de Saddan Hussein.

Actualmente en Grecia desde el 2015 se creó la llamada Comisión por la Verdad de la Deuda que cuestiona que el 90% de la deuda griega obedece a préstamos donde el gobierno y los bancos europeos sabían que por los extremadamente elevados intereses iba a ser imposible de pagar.

La actual deuda de Costa Rica debe ser auditada, con participación de organizaciones de trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes y demás sectores populares con el fin de determinar,  por ejemplo, qué préstamos financiaron la Trocha, la Carretera a San Carlos y otras decenas que se han robado las empresas constructoras y los políticos de turno; todos estos deben ser declarados como deuda odiosa y no pagarla.

  • Cobrar impuestos a los empresarios:

Con el listado de “grandes evasores” que conocimos este diciembre, es claro que en este país las finanzas del Estado las sostienen los trabajadores y los pequeños comercios, ya que los grandes empresarios simplemente tienen una ley que les permite decidir cuándo pagar impuestos, o de plano tienen una ley que les permite no pagar impuestos. Tal el caso de las empresas protegidas por la Ley Zonas Francas y gozan de Tratados de Libre Comercio, los cuales también les permiten no pagar impuestos de los negocioscon los otros países.

Ante eso, es urgente que, por un lado se eliminen los privilegios a los empresarios, como el beneficio de las zonas francas y los TLC y se obligue a esas empresas a pagar impuestos de sus ganancias y el comercio internacional.

Es completamente falso que las  empresas sin privilegios se van del país, el engaño del TLC con Estados Unidos no era más que una forma de aumentar las ganancias de los empresarios dejando de pagar impuestos por sus negocios de importación y exportación de productos, y de paso es notorio que las empresas que no están en Zona Franca simplemente se niegan a pagar impuestos.

Todas las empresas deben ser obligadas a abrir sus libros contables con supervisión de los trabajadores, con el fin de determinar la realidad de sus estados financieros y sobre eso aplicar el cobro de impuestos.

  • Expropiación y Cárcel para los empresarios corruptos:

Si un pobre se roba 5 mil colones posiblemente sería pasado a un tribunal de flagrancia y condenado casi que inmediatamente por ese delito, pero los ladrones de cientos y miles de millones de colones tienen la posibilidad de llegar a acuerdos con el Estado, se les perdonan las deudas o simplemente no pagan.

Robarle plata de impuestos al estado debe ser considerado como un delito gravísimo, y por lo tanto los empresarios que evaden impuestos debería de ir a la cárcel por el grave daño que le hacen al país, y además sus negocios deben ser inmediatamente pasados a control del Estado bajo supervisión de los trabajadores.

Cuando los primeros empresarios vayan a la cárcel por robarle plata al Estado, se iniciará un verdadero cambio en el cobro de impuestos a los ricos.

  • Nacionalización y control obrero de las principales industrias del país:

Todas esas medidas sólo se complementan si las principales empresas del país que como sabemos son las mismas que le roban al Estado todos los días al negarse a pagar impuestos, pasen a ser propiedad del Estado y de los trabajadores.

Nacionalizar las telecomunicaciones, los puertos, los bancos privados, las carreteras, las empresas agrícolas como las bananeras, las piñeras, o el Ingenio Taboga, así como las empresas constructoras, y fábricas de alimentos que no pagan impuestos, garantizará al Estado la posibilidad  usar esas ganancias para financiar las obras  públicas y el desarrollo del país.

Pero esas nacionalizaciones deben estar bajo el control de los trabajadores, y no administrados por los políticos de turno, que como en el caso de empresas estatales como el ICE y RECOPE que han hecho todo lo posible por desmantelarlas y privatizar sus ganancias.

2. Construir sindicatos que sirvan para luchar

Se debe reconocer la valentía con que cientos de miles de trabajadores y trabajadoras sindicalizados de diversas instituciones salieron a las calles para enfrentar el Plan Fiscal con la huelga general.

La huelga general no solo fue histórica por la duración de la misma, sino por la diversidad de sectores que se sumaron a luchala; eso es una victoria sumamente importante para la clase trabajadora.

Pero conforme pasaron los días miles de huelguistas empezaron a comprender que las direcciones sindicales no lograban llevar la huelga hacia la victoria sobre el gobierno.

Por un lado se demostró que en muchos sindicatos no existen verdaderos métodos democráticos, y en los momentos más altos de la lucha los trabajadores que estaban poniendo el cuerpo en las calles no tenían la posibilidad de tomar las decisiones en asambleas, si no que dependían de los mandatos de las direcciones nacionales.

Además la confianza de las direcciones sindicales en el régimen político es un gran problema, por un lado confiando en que los tribunales de trabajo iban a declarar legales las huelgas e incluso llamando a confiar en la Sala Constitucional una vez aprobado el según debate.

Esa confianza en las instituciones llevó a que no quisieran profundizar los métodos clásicos de lucha de la clase trabajadora en las calles, como fue el ejemplo de Puntarenas, donde la llamada “unidad sindical” se rompió en medio de las discusiones de construir bloqueos de vías, o la preparación de la autodefensa contra la agresión de la policía, discusiones que estaban subordinadas a la declaratoria de legalidad de la huelgas, lo cual al final de comprobó que no era así y los jueces incluso argumentaron que una gran manifestación en la Avenida Segunda y el Paseo Colón era suficiente para declarar ilegal una huelga por violenta.

En esta realidad, los trabajadores  de los “Chalecos Amarillos” en Francia con las direcciones sindicales de Costa Rica no habrían doblado el brazo del gobierno de Macron en la reciente lucha contra los aumentos en los combustibles, porque no utilizarían los métodos clásicos de lucha de la clase trabajadora por “cuestiones de legalidad”.

Así también generó mucho descontento la ausencia de un plan de huelga, que mantuviera a los trabajadores no solo con tareas diarias durante los días de huelga, sino que tuviera claridad sobre los pasos a seguir ante cada momento de la lucha, como lo marcó el primer debate del Plan fiscal, y las dudas sobre cómo enfrentar ese momento de la lucha que iban desde un repliegue táctico hasta una profundización de los cortes de ruta y enfrentamiento al gobierno.

Ante eso la tarea no es desafiliarse de los sindicatos ni construir otros nuevos; la tarea debe ser luchar porque los compañeros y las compañeras que han estado al frente de la lucha en las calles puedan organizar tendencias sindicales con el fin de disputar las elecciones de cada sindicato, y así poder dotar de direcciones sindicales que logren democratizar y organizar la lucha para lo que viene en cada organización.

3. Sumar a los trabajadores del sector privado para ganar las luchas

Quizás el punto más débil de la clase trabajadora para poder enfrentar los ataques del gobierno es la ausencia de participación de los trabajadores del sector privado de forma organizada en la defensa de sus intereses.

Mientras los trabajadores públicos tienen sus organizaciones para salir a enfrentar los planes del gobierno, el otro 90% de los trabajadores hoy no están en condiciones de luchar contra los impuestos o los ataques de las pensiones.

Una huelga general que incluya los trabajadores de las empresas privadas bastaría para poner en jaque a todo el aparato del gobierno y el empresariado, y la capacidad de resistencia de la clase trabajadora se reproduciría 10 veces más de la que tiene hoy, y se tendría la fuerza suficiente no solo para defenderse de los ataques si no para tener capacidad creadora de nuevas y mejores condiciones de trabajo.

Con eso se deben pensar las manifestaciones en horarios accesibles para la participación de los trabajadores de la empresa privada, en las noches o los fines de semana, como una forma de vincular a los que hoy no tienen sindicatos.

Pero además debe darse una discusión seria en todos los sindicatos, principalmente en los más grandes para que se destine un porcentaje de los presupuestos anuales para el desarrollo de sindicatos en la empresas privadas con el fin de crear una gran organización que posea los recursos necesarios para iniciar las tareas de organización sindical en las fábricas, las construcciones, las plantaciones, transportes, comercios y demás sectores que urge sean organizados.

La parte de la clase trabajadora que hoy está sindicalizada debe tener claro que para poder vencer en las batallas futuras necesita de la mayoría de la clase trabajadora que está desorganizada, pero además la difícil situación de violación de derechos laborales que tienen los trabajadores de las empresas privadas es una razón de suma importancia para que se tome la tarea con urgencia.

4. El Frente Amplio cogobierna con los que nos atacan

Durante estos días de lucha el papel del Frente Amplio ha quedado muy claro, lo cual debe ser ampliamente discutido sobre todo por los miles de simpatizantes y/o votantes del Frente Amplio.

De los puntos más lamentables ha sido la participación de Patricia Mora como Ministra de uno de los gobiernos más represivos y propatronales de la historia reciente del país, lo cual pone en completo entredicho los verdaderos fines de la estrategia de cogobierno de su partido.

Mientras tanto, Villalta no fue ni la sobra del papel desempeñado por José Merino como diputado “desde la calle” durante la lucha del Combo del ICE. Por el contrario, José María se dedicó a intentar “embellecer” el Combo Fiscal con mociones que hoy celebra como una victoria de la huelga o a llamar a confiar en la institucionalidad como lo hizo con la Sala Constitucional después del primer debate.

Todavía en medio de la huelga Villata votó a favor de la propuesta de presupuesto del Gobierno que incluía recortes  a varias instituciones públicas incluyendo el recorte de 10 000 millones de colones a las Universidades Públicas como castigo para pagar deuda, en ese momento justificó su voto por decir que “es un presupuesto normal en tiempos de crisis”.

Mientras el Frente Amplio siga formando parte del gabinete de Carlos Alvarado y su único diputado luche por congraciarse con el gobierno al igual que lo hicieron la mayoría de los 9 diputados durante el gobierno anterior, los trabajadores debemos desconfiar plenamente de ese partido, exigirle que salga del gobierno y poner sus recursos para organizar la lucha y no para maquillar al “Gobierno del Bicentenario”

5. La lucha debe ser hasta cambiar el mismo carácter de clase del Estado

El Gobierno de Carlos Alvarado en unidad con los otros partidos de los empresarios no dista en nada de lo que hace 170 años Marx y Engels definían en El Manifiesto Comunista de esta forma: “El Gobierno moderno no es sino un Comité administrativo de los negocios de la clase burguesa”.

Esa definición simple del carácter de clase del Gobierno explica la indignación que en estos días ha provocado en los trabajadores ver cómo las soluciones a una crisis fiscal que debe ser “responsabilidad de todos” y en donde “todos debemos socarnos la faja” son completamente falsas, y el gobierno actúa abiertamente en favor de los ricos y busca mil formas de engañar a los trabajadores para que incluso sientan orgullo de pagar la crisis.

En estos meses se vio no solo que no existe la llamada división de poderes, si no que todos los poderes y las instituciones del Estado actúan de forma unificada cuando se trata de defender los intereses de los empresarios.

La Asamblea Legislativa dejó atrás todo el circo de las disputas entre partidos, y los que peleaban hace pocos meses en los debates de las elecciones, apoyaron sin contemplaciones el Plan Fiscal, dando apoyo y reproduciendo los argumentos que desde el Poder Ejecutivo Carlos Alvarado, Rodolfo Piza y demás personajes repetían en todos los medios.

El Poder Judicial cumplió también su tarea, por un lado procesando con ensañamiento los luchadores que iban siendo detenidos en las protestas, por otro poniendo a jueces complacientes a declarar ilegal el derecho a huelga torciendo la ley a favor del gobierno en cada una de las sentencias y por otro, poniendo a la Sala Constitucional a doblar la constitución con el fin de decir que el Plan Fiscal no tenía vicios de legalidad, incluso permitiendo que  los diputados votaran la ley sin mayoría calificada.

Esa situación no podría ser diferente porque los empresarios financian a los partidos políticos que son los que toman el Poder Ejecutivo, como es el actual caso del PAC, pero también esos mismos partidos colocan los diputados, que a su vez nombran a los Magistrados del Poder Judicial, al final no hay forma que sus inversiones no les protejan sus intereses.

La perspectiva entonces, tiene que ir mucho más allá de evaluar quienes están actualmente en el poder si no de como todo el Estado está hecho a para proteger y satisfacer los negocios de los ricos, y si no luchamos por quitarles el poder, seguirán actuando a sus anchas.

Las elecciones no cambian nada y por eso el cambio real solo puede ser mediante una revolución socialista, porque el terreno de las elecciones es el terreno en donde los empresarios usan todos sus recursos, sus medios de comunicación y sus leyes para poner en el poder a sus representantes, mientras el terreno de la lucha es el terreno de los trabajadores explotados y de todos los oprimidos.

En el Partido de los Trabajadores estamos convencidos de que la lucha debe ser justamente por quitar el poder a los empresarios y sus partidos, para lo cual debemos organizar nuestra lucha hasta que mediante una revolución socialista queden a la cabeza de la toma de decisiones las organizaciones de los trabajadores y el pueblo.

Un gobierno de la clase trabadora no solo es  la única forma de eliminar de raíz la corrupción con que gobiernan los ricos, si no que sería la única forma en que podamos eliminar los grandes problemas que tiene el pueblo como lo es el desempleo,  el combate frontal al machismo , el acceso a tierra para los campesinos y los indígenas, el cumplimiento de derechos laborales, la universalidad del acceso a la educación, salud y vivienda, así como la defensa efectiva de los recursos naturales y el medio ambiente.

6. Por un gobierno de los trabajadores que nos permita decidir sobre nuestro futuro

Cuando hablamos de un gobierno de los trabajadores, no estamos pensando en tener un presidente obrero, o de tener 57 pobres como diputados, nosotros pensamos en organizaciones de verdadero poder popular que administren el estado y las riquezas que produce el país.

Durante la huelga, miles de trabajadores se concentraban en diversos lugares del país, y en muchos casos se vinculaban con organizaciones comunales, campesinas e indígenas en medio de la lucha.

Un gobierno de los trabajadores, sería una forma superior de organización social, en la que representantes electos en asambleas de cada centro de trabajo, cada barrio, cada centro de estudios, cada sector oprimido como los LGBTs o los indígenas, tenga plena capacidad de decidir cómo imponer los intereses de las mayorías por sobre las minorías empresariales.

Todo el engranaje del Estado está sostenido en leyes e ideologías que los empresarios han creado para salvaguardar sus intereses, y por eso debe cuestionarse y destruirse para crear nuevas leyes y  nuevas formas de gobernar según le sirva a la mayoría del pueblo.

De esa forma, asambleas de trabajadores en todo el país podrían decidir entregar de una vez por todo las tierras a los indígenas, colectivizar las tierras de las grandes empresas y distribuirlas para los cientos de miles de campesinos que no tienen en el país, o ponerlas a producir bajo el control de los propios trabajadores.

Un gobierno de los trabajadores podría decidir de forma inmediata la forma en que los ricos pagarían la crisis, y la forma en que funcionaría la economía no para satisfacer a las trasnacionales, si no para lograr que a ninguna familia trabajadora tenga necesidades, paro lo que las principales empresas del país podrían pasar a ser parte del Estado y controlada por los mismos trabajadores.

Los trabajadores gobernando decidirían cuanto salario recibirían los trabajadores, eliminaría la súper explotación y la violación a los derechos laborales que existe hoy en cientos de miles de casos.

Podrían realizarse los cambios urgentes en la sociedad, para permitir a las mujeres las condiciones para lograr el verdadero respeto a su dignidad, si no también lograr las condiciones para erradicar verdaderamente al machismo de la sociedad.

Lo único que sostiene al gobierno y a los empresarios en el poder es la forma en que nos han enseñado a comprender que el Estado es así  y no se puede cambiar, que las leyes que ellos definieron hay que respetarlas y por eso debemos soportar todas las maniobras, mentiras y hasta represión que ellos, los ricos,  nos quieran imponer.

La organización de los trabajadores y el pueblo, no solo puede cuestionar las leyes y los representantes de los empresarios sino que puede actuar decididamente sobre su futuro y cambiar la realidad en la que vivimos.

Tres tareas urgentes para este periodo de la lucha

Primeramente es urgente que desde todas las organizaciones del movimiento sindical y popular organicemos la defensa de todas las personas que están siendo perseguidas por el Estado por participar en las protestas contra el Plan Fincas, esto incluye al trabajador de RECOPE Carlos Andrés Pérez que ya descuenta prisión, cerca de 15 compañeros y compañeras que tienen causas abiertas por la Fiscalía, procesos disciplinarios contra trabajadores de varias instituciones incluso a dirigentes de SITRAPEQUIA, así como la defensa de los trabajadores despedidos del MEP y los cientos de procesos disciplinarios que están siendo usados para amedrentar a los huelguistas en todo el país.

Por otro lado es de suma importancia que se construyan encuentros regionales y uno nacional donde se pueda hacer un balance de esta primera etapa de la lucha y de las formas en que se debe organizar la lucha para lo que viene, esos espacios deben sobrepasar las direcciones nacionales de los sindicatos, para que sean los trabajadores que estuvieron en las calles y demás organizaciones quienes puedan sacar las mejores conclusiones para el futuro.

Por último queremos plantear la necesidad de fortalecer la organización política de la clase trabajadora, esfuerzo que desde el Partido de los Trabajadores tenemos varios años de están llevando delante de la mano de la Liga Internacional de los Trabajadores.

Nuestro partido quiere discutir con todas las personas trabajadoras y activistas sobre la necesidad de construir un gran partido de la clase trabajadora, pero no con el fin de ganar las elecciones futuras, si no como herramienta de organización política de las luchas de los sectores obreros, campesinos, de las mujeres, los indígenas y la juventud; nos referimos a una gran organización de la clase trabajadora que se construya con total independencia de los empresarios, que tenga como principal herramienta un programa socialista y de la clase trabajadora con el cual podamos construir una nueva sociedad.