¡Ni un despedido más… trabajo digno para todos!

Comunicado-lanzamiento-2014-desempleo

Escudándose en la crisis económica y fiscal, el empresariado viene atacando las condiciones laborales más elementales que todo trabajador necesita para tener un trabajo digno. Uno que no solo le permita a él y su familia satisfacer todas sus necesidades vitales, sino que también proteja su salud física, mental y emocional para así prevenir la incapacitación temporal o permanente del trabajador.

De octubre hasta finales de este 2014 realizaremos una campaña nacional de denuncia contra esta oleada de despidos y empeoramiento de las condiciones de trabajo que sufre el conjunto del pueblo trabajador a manos de los empresarios y con el visto bueno de la administración Solís.

Desde ese mes visitaremos los barrios, centros de trabajo y de paso más importantes del país para denunciar estos hechos y para ponernos al servicio de todos los trabajadores del país para combatir esta gran ofensiva.

Empresarios atacan derechos para aumentar ganancias

Incumplimientos sistemáticos con la jornada laboral de ley, normalización de jornadas de 12 horas diarias, incumplimiento en el pago de horas extras, incremento de ritmos de trabajo a niveles amenazantes para la salud, miles de despidos, congelamiento en los aumentos salariales, aumento de la subcontratación con eliminación de seguro social y rebaja salarial, incremento de despidos a mujeres en condición de embarazo, son solo algunas, de las muchas formas en las que el empresariado viene rebajando derechos y condiciones laborales del trabajador para así mantener o aumentar sus ganancias.

El gobierno de Solís no solo ha venido permitiendo esto sin una sola crítica, sino que desde el inicio de su gobierno se ha puesto al servicio de los empresarios sin condicionamiento alguno. También ha venido aplicando las mismas políticas que el empresariado para con los trabajadores públicos. Como patrón viene recortando plazas y aumentando el recargo de funciones y la crisis de los servicios públicos, perpetuando así la inestabilidad laboral manteniendo el interinazgo, aumentando la tercerización en el sector público, y buscando eliminar derechos laborales y salariales de los trabajadores y buscando amarrar aún más el derecho de huelga de este sector mediante la Reforma Procesal Laboral.

Desde el PT denunciamos este acuerdo tácito entre el gobierno y las cámaras empresariales para hacer pagar a la clase trabajadora los costos de la crisis que ambos han provocado. Décadas continuas de conducir al país para hacer millonarios a los bancos y empresas imperialistas. Décadas de libre comercio, exoneraciones fiscales, de tolerancia a la evasión, de endeudamientos billonarios para salir al paso con el consecuente hueco fiscal, de aperturas y concesiones que han convertido la obra pública en un negociazo corrupto. Es esto lo que ha quebrado al país, lo que ha arruinado su capacidad de brindar obra y servicios públicos de calidad y lo ha dejado sumamente expuesto a los vaivenes de la crisis económica mundial.

Empresarios y gobierno hoy rehúyen a esta discusión y prefieren despedir, mudarse a otros países y rebajar las condiciones y derechos del trabajador para mantener sus ganancias.

Desde el Partido de los Trabajadores denunciamos este acuerdo antipopular, del cual hacen parte también todos los partidos políticos en la Asamblea Legislativa. El Frente Amplio, inclusive, pues a pesar de reivindicar medidas como el recorte al CINDE, denunciar algunos de los recortes, e impulsar un aumento del salario mínimo a uno mínimo vital, hoy defiende a un gobierno que busca atacar al pueblo y se mantiene en una alianza donde este tipo de proyectos progresivos que plantea no tienen ningún futuro.

Denunciamos también el proceso de concertación en curso que conduce el gobierno, conocido como mesas de diálogo, en los temas fiscal, energético y de obra pública. En primer lugar porque no son de ninguna manera una vía democrática y transparente de resolver problemas fundamentales del país. En segundo y mucho más importante, porque en ningún momento cuestiona la ofensiva que estamos denunciando contra los trabajadores. Al contrario, la refuerza con proyectos antipopulares como el IVA, la Política Nacional del Empleo Público, nuevas formas de endeudamiento y entrega de la obra pública al capital extranjero como concesiones y titularizaciones de bonos por obra pública, etc.

Como partido creemos que la principal prioridad del gobierno debería ser frenar los brutales ataques del empresariado contra los trabajadores y la miseria generada por los mismos. Hoy claramente no lo es y no los será dado su carácter de gobierno continuista y pro empresarial.

Por eso es que revindicamos la organización y lucha independiente del pueblo trabajador en todas las áreas y como única salida de esta crisis. Seguimos exigiendo al Frente Amplio que rompa su acuerdo con este gobierno y encabece en las calles la lucha contra sus ataques y los del empresariado.

Una propuesta para enfrentar los despidos y la precarización laboral

Además de esta denuncia, en los próximos meses desarrollaremos e impulsaremos como partido una propuesta, que se concretará en proyecto de ley, para atacar el problema de desempleo y la precariedad laboral.

Esta incluirá iniciativas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales que obligue a los empresarios a destinar una fracción mayor de las billonarias ganancias que el país les permite tener a generar más empleo. También buscaremos limitar la absoluta libertad de despido que hoy tiene la patronal en el código de trabajo para así reducir su poder para rebajar las condiciones de trabajo bajo amenaza de aplicar el mismo.

Concretamente buscamos que los despidos relacionados con causas económicas o de “pérdida de competitividad” sean regulados y autorizados por el estado. Que este obligue a la empresa a buscar medidas alternativas, o al menos atenuantes al despido. También buscaremos fortalecer las potestades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que sea capaz de sancionar directamente a cualquier patrón que incumpla con el pago de sus obligaciones por salarios mínimos, horas extra. Creemos que el Ministerio de Trabajo debe ser capaz de proteger verdaderamente los derechos de los trabajadores obligando a rectificar a los patrones cuando incumplan sin que esto involucre ir a juicio necesariamente.

También propondremos que el estado costarricense priorice a los trabajadores en el marco de la crisis. Es necesario que invierta en un verdadero plan de obra pública que genere empleo de calidad con plazas. Programas como “manos a la obra”, en donde desempleados realizan labores temporales por salarios miserables deben ser sustituidos por verdaderas plazas, necesarias para el país por la obra pública y por el empleo que dan.

Nos opondremos a todos los proyectos de Reforma Procesal Laboral actuales puesto que todos restringen el derecho a la huelga en el sector pública hasta hacerla inofensiva. Defendemos sin tapujos eliminar la prohibición al derecho de huelga para los servidores públicos en el código de trabajo. Hoy más que nunca se necesita para defender las conquistas y las instituciones públicas mismas.

Estos son solo algunos elementos de una propuesta más amplia que queremos discutir con toda la clase trabajadora, así como con todo activista sindical que este por buscar salidas que mejoren la vida del trabajador y no que le cobren los costos de la crisis.

Creemos que va en la dirección correcta, independiente del gobierno, defensora de los intereses de la clase trabajadora y no de los reclamos del empresariado.