¡JUICIO Y CASTIGO A LOS CORRUPTOS DEL CEMENTAZO!

Diez créditos que en total suman 50 millones de dólares[1] (en el que destacan los $30 millones del Banco de Costa Rica) al importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños desató una crisis política que salpica a todos los partidos burgueses, al poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial e incluso a anteriores gobiernos del PLN.

Luego de que muchos medios ocultaran el caso, ahora se ha convertido en un tema político de alcance nacional, con una dosis de circo y espectáculo propio de estos grandes escándalos. El “cementazo” además ocurre en año electoral, lo cual podría repercutir directamente en los comicios de febrero de 2018.

Desde el Partido de los Trabajadores creemos que el “cementazo” expresa a quienes realmente benefician las instituciones del régimen (partidos políticos, poder judicial, Asamblea Legislativa, poder ejecutivo); además permite generar un debate sobre cuál debe ser la salida política desde los trabajadores ante las mafias empresariales que manejan a su antojo el Estado.

El “cementazo” y la crisis que salpica al régimen político

El 2 de noviembre de 2014 el empresario Juan Carlos Bolaños inscribió Sinocem, compañía para importar cemento chino y entrar en un negocio donde reinan dos empresas: Cemex, de capital mexicano, y Holcim, de capital suizo. Bolaños incursiona en un jugoso mercado en el que ya se anunció también la entrada del multimillonario Carlos Slim mediante la empresa Cementos Fortaleza.

Para jugar a ese nivel, el empresario, proveedor de insumos y servicios a instituciones del Estado, recurrió a todas sus influencias políticas para modificar el reglamento del cemento hidráulico. Este cambio permitió la venta de cemento con más de 45 días de fabricado, pese a que, según el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, dicho cambio al reglamento no tenía ningún sustento técnico y su calidad de resistencia del material disminuía un 10%. Del 5 al 14 de enero de 2015 el Ministerio de Economía puso a consulta las modificaciones, y tres meses después se aprobaron. Durante este tiempo Bolaños sostuvo reuniones en casa presidencial para acelerar el proceso.

El 14 de octubre el Banco de Costa Rica aprobó un préstamo para que Juan Carlos Bolaños importara 180 mil toneladas de cemento chino, aunque no hubiera claridad sobre cuáles eran las garantías con las que iba a responder por dicho crédito. Por eso, 15 días antes, el banco había aprobado una modificación en su reglamento para que las empresas que gestionaran un préstamo no se vieran obligadas a presentar pólizas del INS. De este modo se aceptó la aseguradora denominada Oceánica como aseguradora del cemento chino. Esta ya había sido multada por la Sugef por incumplir con su capital.

Ya en junio del presente año se da a conocer un audio del propio Juan Carlos Bolaños, donde reconoce haber convencido a un funcionario del Banco de Costa Rica para decir que la entidad violó el secreto bancario y así no pagar el crédito que la entidad le extendió[2].

Luego de que ni los medios, ni los partidos, ni Solís pudieron seguir ocultando lo que sucedía, se formó una comisión legislativa que interrogó a funcionarios de gobierno, del BCR y al propio presidente Solís. Dicha comisión fue más que todo un circo mediático porque partidos como el PAC, PLN y PUSC recibieron financiamiento de Bolaños y su estafa del cemento, así que lo más probable es que no se llegue a nada.

“Cementazo” del Estado costarricense al servicio de los empresarios

Este escándalo de corrupción desnuda que el Estado y las diferentes instituciones están ahí para administrar y favorecer los negocios de los empresarios. El mismo Bolaños, quien nunca estuvo expuesto a la luz pública antes del “cementazo”, ya ha sido favorecido por gobiernos anteriores.

En 2007, durante el segundo gobierno de Oscar Arias, una de sus empresas ganó una licitación por 1.500 millones de colones por una obra que nunca se realizó (reparación de un tramo de ruta 36). Bajo la presidencia de Laura Chinchilla, sus empresas recibieron alrededor de 4 mil 992 millones de colones para realizar labores de limpieza y canalización de cauces, movimientos de tierra, dragados, remoción de material, rehabilitación de vías y drenajes, ampliación de obras de protección.

Como los gobiernos están acostumbrados a defender los intereses de los patronos, es normal ver que quienes administran la justicia encubran a los responsables de cometer actos de corrupción. De ahí que las denuncias que se han puesto ante el Ministerio Público por este caso no hayan llegado a ningún lado, o la negativa de los diputados para investigar a fondo a uno de sus financistas.

Tan tranquilo estaba Bolaños de que el gobierno y los legisladores lo iban a ayudar que desembarcó el cemento chino cinco meses antes de que modificaran la ley de comercialización de dicho insumo.

La ideología de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, o la idea de que en este país existe una clara división de poderes como muestra de la “sólida democracia costarricense” se cae por su propio peso en el cementazo.

Fueron siete veces que se reunió Bolaños con el presidente; el empresario entraba como Pedro por su casa en los tribunales, e incluso realizó un sospechoso viaje a Panamá con el magistrado Celso Gamboa, quien fue ministro de Seguridad y Director de la DIS, entre otros cargos.

Magistrados, banqueros, ministros y hasta el Presidente de la República modificaron reglamentos y leyes a su antojo con tal de hacer cumplir la voluntad de Bolaños, quien se reúne con ellos cuando él quiera. Mientras tanto, los obreros de SITRASEP llevan meses intentando contactar a miembros del gobierno para exigir que se respeten los derechos laborales y nunca los han atendido. Las leyes e instituciones del régimen, movidas por el poder y el dinero, están fuera del alcance de la clase trabajadora.

La verdadera función de la mal llamada democracia costarricense es defender y proteger los bienes y las grandes fortunas de los patronos, mientras que impone miles de trabas a los campesinos para acceder crédito barato o a insumos para trabajar la tierra.

La corrupción es una práctica común en la política costarricense y se ha visto en los tres poderes del Estado (presidencia, diputados y jueces), así como en las juntas directivas de los bancos estatales. Los empresarios financian campañas de los partidos, compran jueces, magistrados y políticos, para que ellos favorezcan sus negocios.

El cementazo y la crisis política del “gobierno del cambio”

El PAC llegó al gobierno despertando ilusión en sectores de la población descontentos con el PLN.  Lo cierto es que todos estos acontecimientos muestran con claridad el fracaso de su discurso ético. Los fríos hechos señalan que, ante la crisis interna del PLN, el PAC fue la apuesta más efectiva de la burguesía para que sus ganancias sigan creciendo y, por qué no, favorecer a empresarios que buscan consolidarse como agentes capitalistas de un peso considerable, como sucedió con Juan Carlos Bolaños.

Muy poco le duró el discurso de la transparencia a Solís y compañía, ya que el cementazo tiene a este partido en una crisis profunda. Son varios los casos en que el gobierno se ve cuestionado por corrupción. Recordemos a los ministros que recibieron millones por sobresueldos que no les correspondían, o nombramientos a dedo de familiares en puestos de gobierno son solo algunos ejemplos.

El FA, por su parte, desde el inicio mantuvo y aún mantiene una alianza con el PAC, defendiéndolo como un gobierno progresista, a pesar de los múltiples cuestionamientos que ha recibido por diversos casos de corrupción. Inclusive con el cementazo, que ha salpicado de lleno al presidente Solís y al PAC, el FA mantiene su política de apoyo al gobierno.

El FA tampoco sale librado por el cementazo. Recordemos que varios de sus diputados votaron por Celso Gamboa para magistrado quien ya tenía un amplio historial como represor al frente del Ministerio de Seguridad y la DIS, y hombre de confianza del empresariado costarricense. Pese a posicionar las denuncias en el seno de la Asamblea Legislativa, la gran debilidad del FA es que sus críticas no sobrepasan los límites de ese parlamentarismo y la confianza en el sistema de justicia, ambos sistemas cuestionados por el caso Bolaños.

Una salida obrera y popular

Desde el Partido de los Trabajadores llamamos a no depositar ninguna confianza en las instituciones del Estado encargadas de la justicia ni en las investigaciones en la Asamblea Legislativa. Ellos no brindan ninguna garantía de que los culpables vayan a la cárcel porque están al servicio de empresarios evasores y corruptos como Juan Carlos Bolaños.

Las investigaciones deben ir de la mano de la organización de los sectores populares contra la corrupción. Es por eso que llamamos a la conformación de una comisión con miembros de los trabajadores y el movimiento social para que lleven a cabo las investigaciones de forma independiente, sin que se entrometa gobierno, los diputados y el poder judicial.

Además, exigimos al Frente Amplio que proponga levantar el secreto bancario, que plantee la confiscación de las propiedades de Juan Carlos Bolaños para restituir las pérdidas generadas por la corrupción, así como su deuda con la CCSS. Si se proclaman como un partido anticorrupción es necesario pasar de las palabras a los hechos: exigir ya la salida de Celso Gamboa, de todos los funcionarios de gobierno y gerentes de los bancos implicados.

Nuestro programa levanta la necesidad de expropiar los bienes y las empresas de Juan Carlos Bolaños, de todos los capitalistas involucrados en este y otros casos. Proponemos levantar el secreto bancario junto, con el control de los trabajadores mediante los sindicatos, de los libros contables de las empresas.

Una salida obrera y popular para derrotar el oligopolio en cuestión pasa además por la nacionalización sin indemnización de industrias clave como la del cemento; al igual que la apertura del secreto bancario, la nacionalización debe realizarse bajo control obrero, por lo que ahora más que nunca se hace necesaria la construcción de sindicatos en el sector privado que denuncien y sancionen el accionar corrupto de las mafias empresariales.

Como PT rechazamos categóricamente cualquier financiamiento de empresarios y de la deuda política, por eso defendemos la total independencia financiera como única forma de garantizar que haya una organización políticamente independiente a favor de los intereses de la clase trabajadora.

[1] http://www.nacion.com/economia/banca/prestaron-empresario-Juan-Carlos-Bolanos_0_1658434196.html

[2] https://www.crhoy.com/nacionales/todo-lo-que-debe-saber-sobre-el-cementazo-caso-bcr-cemento-chino/