Gobierno y ANEP imponen ajuste salarial de hambre a sector público

 

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El gobierno de Luis Guillermo Solís y su Ministro de Trabajo Víctor Morales continúan su ofensiva anti sindical, está vez imponiendo un acuerdo salarial “de hambre” para los empleados públicos con las colaboración de la ANEP y la Rerum Novarum. Llamamos al Bloque de Unitario Sindical y Social (BUSSCO), el cual no firmo el acuerdo, para que organice la lucha por el derecho al salario y a la negociación colectiva.

Con la colaboración de la ANEP y de los sindicatos vinculados a “Patria Justa” el gobierno anti obrero de Luis Guillermo Solís impuso un acuerdo salarial que consiste en:

  • Para los sectores profesionales un 0,94% de aumento por la inflación acumulada, más 0.14%, que no se pago durante todo el segundo semestre 2014 según la fórmula que debía aplicarse, para un total de 1,08% ( 1080 colones por cada cien mil).
  • Pago escalonado, para los sectores no profesionales que llega a 1,60% para el Trabajador Misceláneo 1 (1600 por cada cien mil) y de allí baja gradualmente hasta llegar al 1,08 de los profesionales.
  • Además de esto varias promesas de posibles “actualizaciones” de salarios sobre la base de “un estudio de percentil de mercado”.

Las organizaciones firmantes de este acuerdo lo presentan como una victoria afirmando que se logró romper “el criterio que había anunciado el gobierno de solo otorgar el 0,94%, por lo que puede decirse que hubo un logre importante, que aunque modesto, favorece a las categorías más deprimidas de su salario (Comunicado conjunto de las Centrales Sindicales firmantes del acuerdo). Este acuerdo no es ni importante ni modesto, es simplemente un insulto a las grandes mayorías de trabajadores que enfrentan un creciente costo de vida, siendo necesario conformar un frente sindical en defensa del salario en torno al BUSSCO que no firmo el acuerdo.

Luis Guillermo Solís es el gobierno más antisindical de los últimos tiempos

El cuadro de ataque no podría ser más grave para el movimiento sindical, este acuerdo se impone en medio de un clima general de ataque por parte del gobierno a los derechos laborales fundamentales.

Así el derecho a la huelga ha sido duramente cercenado a través de la aprobación de la Reforma Procesal Laboral (RPL), la RPL que fue aprobada con el apoyo del Frente Amplio, la ANEP y la CTRN con la excusa de que “ayudaba al sindicalismo en la empresa privada” y por lo tanto representa una gran victoria. La huelga que se desarrolla en Sixaola demuestra la falsedad de este argumento, por cuanto aún con la RPL la patronal lleva a fondo sus estrategias anti sindicales mediante la expulsión de los obreros sindicalizados, la patronal construye sindicatos bajo el amparo patronal –sindicatos blancos- y la detención de huelguistas a manos de la policía, medidas que ahora se juntaría con la con la prohibición de la huelga incorporada en la RPL.

Junto a ello el gobierno despliega una ofensiva para modificar las convenciones colectivas, ya ha denunciado 3 convenciones colectivas (AYA, RECOPE y JAPDEVA) y su plan es denunciar cerca de 17 más, para ello cuenta con la entusiasta colaboración del Movimiento Libertario que ha impugnado las del MEP y el Ministerio de Trabajo en el Sala IV.

La intención de este frente es dejar sin derecho de negociación colectiva a los funcionarios del gobierno central. El ataque a las convenciones colectivas, es un acuerdo de Estado, todos los partidos políticos con representación en la Asamblea apuntan a atacar este derecho.

Las tesis del “desenganche” de la burocracia de la ANEP muestran su verdadero rostro.

Esta negociación muestra que la burocracia de la ANEP y los sindicatos vinculados a “Patria Justa” son una “quinta columna” del movimiento sindical, son los agentes del gobierno dentro del movimiento de los trabajadores.

Para imponer el acuerdo salarial, el gobierno en los hechos tuvo que desconocer la legalidad de la Comisión Negociadoras de Salarios (que ya de por sí es un cascarón) y negociar directamente con “Patria Justa”, aunque el BUSSCO tenga mayor representatividad y afiliación. El gobierno contó con el apoyo de Albino Vargas, para destruir en los hechos los acuerdos que habían venido construyendo con las distintas burocracias sindicales desde el 2007.

La otra tesis falsa que ha defendido la ANEP es la idea de que dividiendo a los trabajadores, es decir “desenganchando” los aumentos salariales de los médicos, se beneficiaría a los trabajadores menos calificados. Este desenganche ya estaban en vigencia para esta negociación salarial como lo pidió la ANEP, pero con el no vino una mejora en los salarios más bajos como ya lo habíamos denunciado por anticipado; cuando se tenía que demostrar que el desenganche servía de algo para los trabajadores menos calificados el resultado es una diferencia de 0,54%, es decir, una diferencia de 540 colones de más por cada 100 000. Una verdadera vergüenza para la burocracia de la ANEP y un insulto para sus bases trabajadoras.

Un llamado al BUSCO y a los sindicatos magisteriales a organizar la lucha

El BUSSCO, que agrupa la mayoría de sindicatos magisteriales, a UNDECA y a los sindicatos universitarios no firmó el acuerdo y rompió la mesa de negociación. La bravuconada antisindical del gobierno rompió cualquier posibilidad de acuerdo, el gobierno se jugó a ir a fondo con la colaboración de ANEP-PATRIA JUSTA dinamitando, al menos de momento, las posibilidades de un acuerdo con toda la comisión..

El retiro de la comisión y la no firma del acuerdo son acciones correctas pero insuficientes para enfrentar la ofensiva salarial del gobierno, no basta con declaraciones de “deslealtad” y “abuso” o con denuncias a la OIT como lo anunció el BUSSCO. En este momento urge es lucha y resistencia contra el plan antisindical de Luis Guillermo Solís, es por ello que hacemos un llamado vehemente al BUSSCO y muy especialmente a los sindicatos magisteriales (APSE, ANDE Y SEC) a organizar una plan nacional de lucha en defensa del salario y de la negociación colectiva, que empiece por una gran acción de lucha en las calles en repudio a las políticas anti sindicales y de ataque a los trabajadores que aplica el gobierno de Solís.