Gobierno aprieta el paso con más ataques al pueblo

Luego de derrotar la huelga magisterial el gobierno de Solís impulsa una clara ofensiva sobre el pueblo trabajador que involucra tarifazos y ataques al empleo público.
Con esta el gobierno busca cobrarle a este los problemas presupuestarios del estado y los efectos de la crisis económica.

 


Un primer rubro sería la continuidad con los aumentos de tarifas en los servicios públicos. Hasta ahora las autoridades designadas o mantenidas por este  en las diferentes instituciones públicas han insistido en trasladar problemas financieros de las instituciones al bolsillo del pueblo. 
RECOPE ha venido aumentando  el precio de la gasolina ante el alza en el dólar. Lo que a su vez se ha traducido en aumentos en los buses. Todo esto ha sido avalado por la ARESEP además.
El ICE, tanto como la SUTEL, impulsa hoy el cambio a cobro de internet móvil  por velocidad al cobro por descarga en los planes pospago. Esto completa el plan del TLC con las telecomunicaciones, convirtiéndolas en mercancía solo al alcance de quien pueda pagar. 
El ministro de hacienda, por otro lado,  presentó un plan para enfrentar el déficit fiscal que atacaría centralmente a los hogares más pobres y los trabajadores públicos.
 Entre las medidas que comprende se encuentra el congelamiento del 85% de las plazas vacantes en el estado, el impulso a una ley de empleo público que recorte las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del estado, una directriz que suspendería los programas sociales que hoy no cuenten con un financiamiento específico como la red de cuido y la conversión del Impuesto de Ventas en Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA)
Frente Amplio critica pero lo sigue sosteniendo
José María Villalta y Gerardo Vargas salieron a criticar al gobierno, muy apurados por diferenciarse del mismo ante su curso crecientemente antipopular.
En conferencia de prensa, el primero afirmó que veía Solís   “propenso a ceder ante grupos de poder económico”. Luego de criticar la directriz que permite la conciliación a los evasores de impuestos y la continuidad de la DIS, Villalta suavizaba el tono diciendo que “hay que darle chance por lo menos a que cumpla 100 días para emitir juicios”
A pesar de lo certero de las críticas, creemos que al mantener  los pactos con el gobierno, el Frente Amplio borra con el codo lo que pretende escribir con la mano. En primer lugar porque sobran los ejemplos para comprobar que el mandatario está directamente al servicio de los empresarios, la iglesia católica y el departamento de Estado Norteamericano. En segundo, porque la participación del FA en pactos neoliberales como la Fracción Caribe lo desacreditan para hacerle exigencias al gobierno.
Desde el Partido de los Trabajadores llamamos al Frente Amplio a que rompa todos sus pactos con el gobierno y enfrente, con hechos y no con palabras, su plan antipopular.
Es necesario también que los sindicatos y todo el pueblo discuta un plan para enfrentar sus tarifazos, la continuidad de las concesiones y las medidas de ajuste presupuestario que apuntan contra los trabajadores públicos y el pueblo pobre.

Luego de derrotar la huelga magisterial el gobierno de Solís impulsa una clara ofensiva sobre el pueblo trabajador que involucra tarifazos y ataques al empleo público. 

Con esta el gobierno busca cobrarle a este los problemas presupuestarios del estado y los efectos de la crisis económica.

Un primer rubro sería la continuidad con los aumentos de tarifas en los servicios públicos. Hasta ahora las autoridades designadas o mantenidas por este  en las diferentes instituciones públicas han insistido en trasladar problemas financieros de las instituciones al bolsillo del pueblo.  

RECOPE ha venido aumentando el precio de la gasolina ante el alza en el dólar. Lo que a su vez se ha traducido en aumentos en los buses. Todo esto ha sido avalado por la ARESEP además.

El ICE, tanto como la SUTEL, impulsa hoy el cambio a cobro de internet móvil por velocidad al cobro por descarga en los planes pospago. Esto completa el plan del TLC con las telecomunicaciones, convirtiéndolas en mercancía solo al alcance de quien pueda pagar.
El ministro de hacienda, por otro lado, presentó un plan para enfrentar el déficit fiscal que atacaría centralmente a los hogares más pobres y los trabajadores públicos.

Entre las medidas que comprende se encuentra el congelamiento del 85% de las plazas vacantes en el estado, el impulso a una ley de empleo público que recorte las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del estado, una directriz que suspendería los programas sociales que hoy no cuenten con un financiamiento específico como la red de cuido y la conversión del Impuesto de Ventas en Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA)

Frente Amplio critica pero lo sigue sosteniendo

José María Villalta y Gerardo Vargas salieron a criticar al gobierno, muy apurados por diferenciarse del mismo ante su curso crecientemente antipopular.

En conferencia de prensa, el primero afirmó que veía Solís  “propenso a ceder ante grupos de poder económico”. Luego de criticar la directriz que permite la conciliación a los evasores de impuestos y la continuidad de la DIS, Villalta suavizaba el tono diciendo que “hay que darle chance por lo menos a que cumpla 100 días para emitir juicios”

A pesar de lo certero de las críticas, creemos que al mantener los pactos con el gobierno, el Frente Amplio borra con el codo lo que pretende escribir con la mano. En primer lugar porque sobran los ejemplos para comprobar que el mandatario está directamente al servicio de los empresarios, la iglesia católica y el departamento de Estado Norteamericano. En segundo, porque la participación del FA en pactos neoliberales como la Fracción Caribe lo desacreditan para hacerle exigencias al gobierno.

 Desde el Partido de los Trabajadores llamamos al Frente Amplio a que rompa todos sus pactos con el gobierno y enfrente, con hechos y no con palabras, su plan antipopular.

Es necesario también que los sindicatos y todo el pueblo discuta un plan para enfrentar sus tarifazos, la continuidad de las concesiones y las medidas de ajuste presupuestario que apuntan contra los trabajadores públicos y el pueblo pobre.