Exigimos declaratoria de emergencia ante los femicidios

Este 18 de junio se presentó un nuevo femicidio, cuando Gretel Solano, de 33 años, fue asesinada por su pareja. Con este caso, llegamos al número de 11 femicidios en lo que llevamos del año.

A pesar de que el gobierno del PAC, con el apoyo del Frente Amplio, se comprometió a declarar emergencia nacional ante la violencia contra las mujeres, aun no se ha emitido esta declaratoria. Patricia Mora, Ministra de la Condición de la Mujer, ha advertido que esta medida será solo un acto simbólico:

“Yo le voy a llamar declaratoria de emergencia nacional, porque así puede simbólicamente aparecer, pero serán unas medidas que se tomen desde el Ejecutivo en el sentido de que se le diga al país: aquí vamos a priorizar el tema de la violencia contra las mujeres. Es la declaratoria de una prioridad nacional. Esto no va a requerir, no se van a solicitar nuevos recursos en un momento difícil financieramente como el que vive nuestro país”.[1]

Aunque Mora argumenta por un lado que esta declaratoria será una prioridad nacional, por el otro señala que el país está enfrentando un momento financiero difícil, refiriéndose al tema fiscal, y que por ello no se solicitarán más recursos. Con esto, el gobierno está enviando una señal clara, al decir que en los hechos, la prioridad será la atención de la situación fiscal, con lo que la declaratoria de emergencia  termina convirtiéndose en solo un manifiesto de intenciones.

Aumento de violencia durante el mundial

En los servicios de emergencia del 9-1-1 ingresa cada 5 minutos una llamada por violencia doméstica. Este número ha aumentado en aproximadamente un 38% con la transmisión de los partidos de la Selección Nacional en el Mundial de fútbol, al recibir una llamada cada 3 minutos.

Sin embargo Patricia Mora insistió recientemente que este no es un momento propicio para emitir la declaratoria de emergencia nacional: “En este momento, con el Mundial a las puertas, no es quizás el mejor momento para la declaratoria, vamos a trabajar durante el mundial para retener y sensibilizar a la población y en muy poco tiempo lo estaremos firmando”[2]

Por el contrario, es en situaciones como esta, donde se deben redoblar los esfuerzos, para atender la emergencia, sabiendo que la amenaza se incrementa para las mujeres. Sin embargo el gobierno se ha limitado a tomar medidas simbólicas, como ha propuesta Mora, al enviar a los partidos de fútbol nacional a sus principales figuras con camisetas en alusión al combate a la violencia.

Más de lo mismo

El Frente Amplio se ha presentado en sus campañas como una opción alternativa para que no siguiera gobernando “más de los mismos”. En su campaña presidencial del 2014, José María Villalta era enfático en esto e insistía en que ellos tendrían otra forma de gobernar. Pero siendo parte del gobierno, con la política impulsada desde el INAMU, Patricia Mora ha dejado en claro, que ellos siguen priorizando los intereses de la burguesía. Su participación ha revelado la mentira de que el Frente Amplio estando dentro del gobierno podía representar un cambio para los sectores populares.

A esto se le suma la ilusión que también creó el PAC, que movió a muchos a justificar su voto en la segunda ronda con la esperanza de que un nuevo gobierno de este partido apoyaría la defensa de los derechos humanos. Sin embargo el gobierno de la coalición mantiene la línea de los anteriores, relegando a un segundo plano la atención de la vida de las mujeres e impulsando una política fiscal que profundiza la desigualdad y pobreza que se ensaña contra las mujeres.

¿Por qué una declaratoria de emergencia?

Según la legislación este es un mecanismo que se puede emitir mediante un Decreto Ejecutivo en circunstancias de “guerra, conmoción interna y calamidad pública” para dar una respuesta a “situaciones anormales que no pueden ser controladas, manejadas o dominadas con las medidas ordinarias que dispone el gobierno”. Es decir, son decisiones que toma el presidente para poder atender situaciones extraordinarias que afectan a la población en general. Y en estos casos, los decretos ante casos de emergencias se emiten de forma rápida para atender con prontitud las situaciones. Por eso cuando ocurre un desastre no se toman medidas simbólicas como ha expresado Mora, se toman acciones concretas y rápidas, y ahí es donde radica la utilidad de este decreto.

Según la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo, “la declaración de emergencia permite un tratamiento de excepción ante la rigidez presupuestaria en virtud del artículo 180 de la Constitución Política, con el fin de que el gobierno pueda obtener ágilmente suficientes recursos económicos, materiales o de otro orden para atender a las personas.”[3]

De esta forma, recursos que han sido destinados para un objetivo concreto, pueden ser reorientados en aras de atender la emergencia. Sin embargo, Patricia Mora se niega a ello y elimina este elemento central de la declaratoria de emergencia, argumentando que hay que atender primero la situación fiscal.

La declaratoria de emergencia que exigimos

La solución a la violencia contra las mujeres no pasa solo por aplicar una serie de medidas, sino por acabar con este sistema que promueve la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Por eso luchamos todos los días por acabar con el capitalismo que fomenta esa opresión.

Pero también creemos que es fundamental exigir medidas concretas para atender las necesidades de las mujeres, y que ésta es una lucha impostergable. Aunque la violencia contra las mujeres se da en todos los ámbitos, las mujeres pobres y trabajadoras tienen mayores dificultades para salir de estas relaciones cuando dependen económicamente de sus parejas, inclusive para solventar aspectos tan básicos como la alimentación y vivienda para ella y sus hijos. Por eso no es suficiente con campañas y medidas simbólicas, se requieren acciones concretas e inversión de recursos que brinden condiciones para que las mujeres puedan vivir libres de violencia.

Al exigir una declaratoria de emergencia por la violencia contra las mujeres, exigimos que esta declaratoria contemple:

Cese de pagos de la deuda: Uno de los principales argumentos que ha utilizado el gobierno para no atender las necesidades de la clase trabajadora, es la falta de presupuesto. Para garantizar el funcionamiento del Estado, los gobiernos se han venido endeudando con el capital financiero internacional, emitiendo bonos de deuda externa e interna que luego son comprados por empresarios. Estos bonos son pagados con jugosos intereses por el Estado. Para el año 2017, en pago de deuda se gastaba el 32% del presupuesto nacional.

Por eso exigimos que se haga una suspensión y auditoría de esa deuda, y que los recursos sean invertidos en atender la emergencia de violencia contra las mujeres.

Creación de empleo y centros de cuido: además de la dependencia que generan las situaciones de violencia, una de las mayores dificultades que enfrentan las mujeres para acabar con estas relaciones de violencia es la dependencia económica. De las mujeres que acudieron a la delegación de la mujer en el periodo del 2012 al 2016, alrededor del 50% son amas de casa[4]. Es decir, la mitad de ellas no tiene un ingreso económico propio.

Por eso la creación de puestos de trabajo y mayores centros de cuido para que puedan dejar a sus hijos, son fundamentales para que las mujeres puedan tener independencia económica de sus agresores.

Acceso a la educación de las mujeres: las mujeres que acuden a las Delegaciones de la Mujer, alrededor del 30 % posee secundaria incompleta; y entre el 24 % y el 27 %, primaria completa. Esto es reflejo también de una concepción machista en la que en muchas familias no se prioriza la educación de las mujeres, por ser visto como un elemento accesorio frente a la educación del hombre que “ocupa el puesto de proveedor”. Por esto, es necesario crear más y mejores condiciones para que las mujeres puedan tener acceso al sistema educativo.

Vivienda y servicios para la atención de la violencia: Del 2012 al 2016 se han atendido 1860 mujeres en peligro de muerte inminente en los Centros Especializados de Atención y Albergue Temporal, es decir que en promedio más de unas 400 mujeres salen al año de sus casas solicitando atención en un albergue ante situaciones de riesgo de muerte inminente. La permanencia en estos centros es temporal, pero las mujeres víctimas necesitan del acceso permanente a una vivienda para ellas y sus hijos para vivir lejos de sus agresores. Por eso el acceso a la vivienda es uno de los temas centrales para considerar en garantizar a las mujeres una vida digna lejos de sus agresores.

Junto a esto la atención en servicios legales, médicos y de psicología, son fundamentales para dar acompañamiento a las mujeres víctimas.  En este momento el INAMU cuenta con seis unidades regionales para dar servicios en atención de violencia contra las mujeres, sin embargo tanto para estas unidades como para las Oficinas Municipales de la Mujer, la demanda de atención sobrepasa por mucho su capacidad de atención. Tan solo en el 2016, la Delegación de la Mujer atendió a 7.355 mujeres.

A esto se le suman las dificultades que existen para el traslado de muchas mujeres debido a la lejanía con respecto al lugar donde residen, como es el caso de las mujeres en las provincias de Limón, Puntarenas y Guanacaste cuyos porcentajes de atención no superan el 1% a pesar de las altas estadísticas de violencia en estas zonas. Es por esto que la inversión en más centros de atención es fundamental.

Para que todas estas medidas urgentes se vuelvan una realidad, necesitan de inversión presupuestaria, y esto requiere de acciones concretas del gobierno, para colocar como una prioridad la vida de las mujeres.

[1] Tomado de: https://www.ameliarueda.com/nota/90-cada-100-denuncias-violencia-mujeres-desestimadas-ministra-mora

[2] Tomado de: https://www.crhoy.com/nacionales/violencia-contra-las-mujeres-sera-tratada-como-catastrofe-nacional/

[3] Artículo 3 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.

[4] Datos del Sistema Unificado de Medición Estadística de la Violencia de Género en Costa Rica.