Para el gobierno, las mujeres no son una prioridad

Desde sus primeros meses, este gobierno se ha burlado de las promesas hechas en campaña en relación a los derechos de las mujeres, lo que en su momento llevó a muchas personas a brindarle el apoyo, al supuestamente haber incorporado una agenda defensora de derechos.

A pesar de que el gobierno anunció que una de sus primeras medidas sería decretar la declaratoria de emergencia ante los femicidios, dos meses después, este decreto aún no ha sido emitido y se encuentra a la espera de que unas 8 instituciones más lo revisen antes de su promulgación.

Lo mismo ocurrió con la Ley sobre Justicia Restaurativa, donde a pesar de las advertencias hechas por instituciones y organizaciones de mujeres, el presidente Carlos Alvarado firmó la ley que obliga a las víctimas de violencia doméstica a negociar con sus agresores y orienta un presupuesto en principio destinado a víctimas, a dar tratamiento a agresores de mujeres.

Pero especialmente queremos referirnos en este artículo a las recientes declaraciones de Alvarado en relación al aborto terapéutico, donde indicó que este no era un tema prioritario para el país.

¿En qué consiste el aborto terapéutico y por qué es importante para las mujeres?

El aborto terapéutico, como su nombre lo indica, se realiza por razones terapéuticas, cuando se encuentra en peligro de la salud o la vida de la mujer. Este procedimiento es permitido legalmente en el país desde el año 1970, y está contemplado en el Código Penal donde se establece que: “no es punible el aborto practicado por consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada (…) si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”.

Sin embargo, este procedimiento no está reglamentado y por ello, muchos médicos se niegan a implementarlo, aún cuando la ley les brinda la potestad para hacerlo. Esto ha llevado a que ante la negativa de los médicos, varias mujeres hayan llevado su caso hasta instancias judiciales e internacionales, demandando al Estado costarricense por la falta de aplicación de esta norma.

La aplicación de este procedimiento es de gran importancia para las mujeres que tienen embarazos con una malformación incompatible con la vida, es decir donde el feto presenta graves malformaciones, irreversibles, que producirán su muerte intraútero o a las pocas horas de nacer.  Esto porque el proceso de llevar 9 meses de embarazo, sabiendo que el feto es incompatible con la vida, es un proceso doloroso a nivel físico y emocional para cualquier mujer, donde además muchos de estos embarazos suelen estar relacionados con otras complicaciones médicas, lo que agrava su situación de salud integral.

Las mujeres pobres son las más perjudicadas, ya que no cuentan con las posibilidades económicas de recurrir a clínicas privadas, para que se lleve adelante el procedimiento cuando su salud o su vida se vea amenazada, como sí lo pueden hacer las mujeres con acceso a recursos económicos. Por eso, es que cuando Carlos Alvarado habla de que este no es un tema prioritario, está hablando de que la vida y la salud de las mujeres pobres no son prioritarias.

Los ajustes en el discurso de Alvarado

El actual presidente fue consultado acerca de este tema desde su precandidatura por el PAC. Aunque de fondo su posición se mantiene, ha realizado importantes ajustes dependiendo de la coyuntura política ante la que se enfrenta.

En el 2017 siendo precandidato del PAC dijo al periódico La República: “Considero que se debe aplicar la ley en los casos donde esté en riesgo la vida o la salud de la mujer, asimismo, es necesario reglamentar los protocolos para hacerlo de una manera más oportuna y con mayor información. En caso de una violación y especialmente de una niña, se pone en riesgo su salud y desarrollo físico y mental”.

En el marco de la segunda ronda electoral, publicó un video titulado “Mi posición sobre el aborto” seguido de un gran “No”. En este video, Alvarado se limitó a decir: “en nuestro plan de gobierno no hay ningún punto que modifique la ley actual, o que lo cambie vía interpretación” para cerrar con la frase: “en este tema no quiero que los engañen.” Irónicamente fue él quien engaño y decepcionó a mucha gente, mostrándose ambiguo en este tema.

Poco antes de la segunda ronda electoral, Alvarado firmó un acuerdo con Rodolfo Piza del PUSC, en el que se compromete a “no modificar ninguna ley relacionada con el aborto ni por acción del gobierno ni de ninguna entidad internacional. No ampliar en modo alguno lo establecido en el artículo 121 del Código Penal, sea por interpretación, protocolo o reforma.”

El mandatario se refirió al tema hace unos días indicando que “el aborto no es un tema prioritario”. Pero sus declaraciones no quedaron ahí, afirmó que quienes discuten en este momento el tema del aborto lo hacen porque “ es la única forma en que se pueden visibilizar”.

Estas posiciones han generado mucho malestar entre un sector que se siente engañado con la posición de un partido que desde el gobierno anterior, se había comprometido con la promulgación del protocolo para el aborto terapeútico.

La posición de Patricia Mora

En una reciente entrevista en Radio Monumental, Patricia Mora, Presidenta Ejecutiva del INAMU dijo: “yo escuché varias veces en campaña a don Carlos Alvarado, supe cuales fueron sus compromisos con las mujeres en este país y a partir de que me di cuenta de que la agenda en cuanto a defensa derechos humanos era una agenda que compartía con él, fue que yo he aceptado el honor que me ha hecho de llamarme a trabajar en esta gran institución como es el inamu.(…) Hay un compromiso por parte de don Carlos de que no se va a retroceder en derechos humanos y la no promulgación de esta norma es un claro retroceso.”

Entonces, si como ella misma señala, aceptó trabajar para el gobierno de Carlos Alvarado en el marco de un acuerdo con la agenda de derechos humanos, ¿porque ahora no renuncia? Ella y el Frente Amplio tienen también responsabilidad al ser parte de este gobierno, y por eso no basta dar declaraciones mostrando un supuesto desacuerdo. Si realmente es firme en la defensa de los derechos de las mujeres, debe renunciar.

Por eso, cuando hicimos el llamado al voto nulo, en el marco de la discusión de la segunda ronda electoral, advertíamos: “Con la actual conformación de la Asamblea, un PAC cada vez más a la derecha y un Frente Amplio dedicado a la colaboración con el PAC,  la única posibilidad de que avancen los derechos LGBTI, de que se enfrenten los discursos homofóbicos y de que logremos impulsar una agenda de la clase trabajadora es la organización conjunta para luchar y no para votar.  Los llamados a votar por el “mal menor” nos distraen de esa tarea y embellecen a un gobierno que atacará los derechos de  toda la clase trabajadora y seguirá utilizando los derechos LGBTI como moneda de cambio.”

Continuar la lucha en las calles para enfrentar los ataques y avanzar en nuestros derechos

Aunque hoy la principal discusión está planteada en el marco de la promulgación del protocolo para la interrupción terapéutica del embarazo, la lucha por los derechos no puede quedar ahí, debemos avanzar hacia la despenalización del aborto.

El Partido Restauración Nacional presentó en el periodo anterior, un proyecto que pretende realizar una reforma al Código Penal, para subir las penas por aborto hasta 35 años de prisión. Con estas medidas, quienes se verían más perjudicadas serían las mujeres pobres y trabajadoras, que son quienes llegan hasta los centros médicos, solicitando atención luego de haberse realizado abortos en condiciones de clandestinidad, ya que como mencionamos anteriormente, las mujeres con acceso a recursos económicos son las que pueden recurrir a clínicas privadas fuera del país, para practicarse los abortos.

La última estimación realizada en el año 2007 indicaba que para ese momento, en el país se realizaban unos 27.000 abortos inducidos al año. Es decir, que aun cuando el aborto sea penalizado, las mujeres lo seguirán practicando, pero lo harán bajo condiciones inseguras, sin control médico, y poniendo en riesgo su vida y su salud. Por eso la tipificación del aborto como un delito no es nunca una estrategia eficaz para su reducción, lo que hace es condenar a las mujeres pobres a la clandestinidad.

La experiencia demuestra que no podemos depositar ninguna confianza en estos partidos ni en el gobierno, y nuestra tarea es seguir luchando desde las calles no solo por la promulgación del protocolo para el aborto terapéutico sino también por el derecho de las mujeres al acceso a educación sexual laica para tomar decisiones informadas, por el acceso anticonceptivos gratuitos y de calidad y por el aborto libre, seguro y gratuito, para que ninguna mujer siga siendo víctima de condiciones inseguras.

Reiteramos nuestra posición, “ni el PAC ni el PRN podrán resolver las demandas de la clase trabajadora y dependerá de nosotros enfrentar los ataques, en las calles, con la organización en las comunidades, combatiendo el machismo y la homofobia en los lugares en los que estamos; no apostando a que sea el PAC quien nos proteja, como no lo ha hecho hasta ahora. La única salida es organizando la lucha para enfrentar los ataques vengan de donde vengan.”

Desde el PT creemos que esta lucha tiene que seguir el ejemplo de las luchas de las mujeres organizadas en el resto del mundo, que como en Argentina o en Irlanda, han alcanzado el aborto libre, seguro y gratuito.

En este camino, requerimos de la amplia participación de mujeres y hombres, en la lucha contra la opresión. Las organizaciones políticas, estudiantiles y sindicales deben sumarse a esta batalla, porque esta no es solo una lucha solo de las mujeres, sino una lucha que debe ser también tomada por toda la clase trabajadora.