¿Cómo matar a un dirigente político?

EL 18 de marzo murió en su casa de habitación el dirigente indígena Sergio Rojas Ortiz. Fue una muerte con saña y ventaja recibió 15 tiros, era el segundo atentado contra su vida, antes había recibido 8 tiros. Los asesinos se aseguraron de lograr su mortal objetivo.

Muchas personas se preguntan: ¿Cómo fue posible esto si Costa Rica es un país modelo en DDHH? Algunas personas sensibilizadas por la muerte de Sergio han atribuido el asesinato político de Sergio Rojas al tradicional abandono de los pueblos originarios, es cierto, pero no es el único elemento.

El asesinato de Sergio Rojas, tiene todos los signos de ser un asesinato político como los que ocurren con frecuencia en Honduras, Colombia y México, el asesinato de Sergio Rojas es extraordinariamente parecido al de Berta Cáceres en Honduras.

Estos asesinatos no son “un rayo en cielo sereno”, se fabrican, se producen, son el último peldaño en el proceso de criminalización de la protesta social.

El asesinato político para garantizar el plan de colonización.

Algunos compañeros y compañeras comparan a Sergio Rojas con Pabru Presberi, el líder del levantamiento indígena de 1709, sin duda hay allí una genealogía de resistencia indígena, pero a Sergio Rojas vivió en extenso y en extremo el ciclo de criminalización que han sufrido otros dirigentes populares como Orlando Barrantes (dirigente comunal de izquierda) y Paulina Briones (activista comunal apresada en las protestas contra la privatización de Japdeva en 2010).

Este ciclo de criminalización está presente en el caso de Carlos Andrés Pérez, obrero de Recope y en las persecuciones que viven: Jouseth Chavez de Sitrasep, Greivis Gonzalez de APSE (ambos militantes del Partido de los Trabajadores), Fernández Esquivel sindicalista de la imprenta nacional,  los 13 compañeros y compañeras acusados durante la pasada huelga contra el plan fiscal, los  compañeros de la Municipalidad de San José acusados por detener el tren.

Hay una lógica en los planes del gobierno y los empresarios: 1) Impulsan proyectos que aumenta la dependencia, el saqueo y la explotación en el país proyectos como Los eurobonos, la ley de empleo público, como la entrega de los muelles a APM Terminals. 2) Para garantizar estas contrarreformas sean aprobadas deben quebrar la capacidad de lucha popular, para eso aprobaron primero la ley antibloqueos y ahora buscan aprobar la ley anti huelgas. 3) Si no es suficiente la ley anti huelgas, siempre pueden hacer uso de la policía híper capacitada y equipada por los gobiernos estadounidense, colombiano e israelita. 4) Finalmente las clases dominantes sino les basta todos estos mecanismos legales, echan mano de las organizaciones parapoliciales y paramilitares, que aunque ilegales se sabe que su existencia es imposible sin que exista la connivencia de las autoridades.

El ciclo de la criminalización de la protesta social.

El asesinato de un líder político popular a manos del paramilitarismo (como parece ha sucedido) tiene un ciclo largo para producirse: Inicia en las sesiones del Consejo de Gobierno cuando se aprueban medidas antipopulares, continua  en  las salas de redacción de la prensa comercial que trata a los que luchan como si fueran delincuentes, ese ataque es amplificado en el parlamento por diputados que escudados en su inmunidad llaman a los manifestantes “terroristas” o hacen apología de la violencia contra los manifestantes, el camino continua con la represión policial y la fiscalía, allí se fabrican acusaciones falsas y sinsentido (secuestro, resistencia al arresto, incitación al incendio, daños agravados, etc.), continúa con jueces educados en el más rancio odio antisindical y antipopular que aceptan los argumentos de la fiscalía-gobierno-empresarios, que “doblan” la ley para apresar a los luchadores sociales: estos fueron los casos de Sergio Rojas en 2015, Orlando Barrantes en 2015, Paulina Briones en 2010 y Carlos Andrés Pérez en 2018-2019, todos apresados sin ningún fundamento legal, auténticos presos políticos de los gobiernos del PLN y el PAC. En el caso específico de Sergio Rojas, fue apresado sin ninguna acusación,  ya muerto nadie ha mostrado la acusación formal contra Sergio. Fue preso porque los poderosos querían que estuviera preso.

Si no es suficiente y no se quiebra la voluntad de los luchadores, se recurre al último escalón el asesinato extra judicial. Finalmente como si fuera poco, ya muerto, su memoria es mancillada con rumores falsos como hoy se hace la prensa comercial contra la memoria de Sergio Rojas.

Este es el camino que se sigue para matar a un dirigente popular. Por eso quienes luchamos por el juicio y castigo a los asesinos de Sergio Rojas, no podemos conformarnos con que aparezcan los gatilleros, debemos exigir que aparezcan los autores intelectuales, los que se benefician con la muerte de Sergio, debemos exigirle a la fiscal Emilia Navas, el fin de la persecución de todos los casos asociados a la lucha popular.

Pero sobretodo debemos luchar contra las condiciones que hicieron posible el asesinato de Sergio Rojas: el acaparamiento de tierras, el monopolio informativo de las empresas de comunicación, el gobierno y el parlamento de los ricos, los fiscales antipopulares, los policías confabulados con los paramilitares y los racistas.

La muerte de Sergio Rojas, debe servir para meditar seriamente sobre la necesidad de autodefensa popular, sino no es así seguiremos sufriendo la muerte de otros dirigentes populares, primero en las periferias, luego en el centro del país.