Aumento en revisión técnica vehicular afecta bolsillo de la clase trabajadora

En los últimos días se anunció un aumento en el cobro de la Revisión Técnica Vehicular cuyo monopolio tiene la transnacional española RITEVE desde hace 15 años.

Según anunció la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), el alza de un 11% rige a partir de este mes de mayo.

Tal medida forma parte de tres ajustes que datan del año anterior. El primero fue en mayo de 2017, cuando la tarifa pasó de ¢9.930 a ¢10.920 para vehículos de menos de 3,5 toneladas. en noviembre se aumentó también 11% (la prueba en las estaciones de RITEVE subió hasta ¢12.16. Finalmente, la última subida que rige a partir de este mes será de 11% para todos los tipos de vehículos que transitan en el país.

El nuevo tarifazo afecta sensiblemente el bolsillo de la clase trabajadora. Cada autobús debe pagar este año ¢4.574 más que hace un año. Los taxis, por otro lado, tendrá un aumento de ¢1.335 este mes y en total ¢3.746 desde mayo de 2017.

Las grandes empresas autobuseras realizarán lo de siempre: aumentarán los pasajes de bus para que seamos los trabajadores los que paguemos por los tarifazos mientras ellos siguen beneficiándose con las grandes ganancias.

Desde el Partido de los Trabajadores condenamos este nuevo tarifazo, que se suma a muchos otros, tales como los 22 colones por litro en combustibles. o el 3,24% en la electricidad. Además, ya se aprobó un incremento de 29% en la tarifa del agua a partir de agosto.

Estos aumentos se suman a los ya implementados por el gobierno PAC durante los cuatro años de su primer gobierno, los cuales se combinan con la política de congelamiento a los salarios del sector público y privado donde los aumentos brillaron por su ausencia.

Más allá de lo manifestado por el presidente Alvarado en su discurso de toma de posesión, quien prometió “trabajar, trabajar, trabajar”, lo concreto es que la política central del gobierno es favorecer a las grandes empresas mientras los salarios siguen estancados y se encarecen los servicios por tantos aumentos a los servicios básicos.

Por otro lado, denunciamos el rol de RITEVE como transnacional española que, al igual que las estadounidenses o de otros países europeos operan con muchos privilegios (exenciones fiscales, pagos muy bajos por servicios básicos) y mantienen una dictadura patronal que prohíbe la organización de sindicatos.

En este sentido proponemos que se suspenda el monopolio privado de la revisión técnica vehicular a RITEVE y que se brinde el servicio a manos del Estado, tal como operaba anteriormente mediante los colegios técnicos. Para mejorar la calidad del servicio se propone también un fortalecimiento presupuestario, garantizar estabilidad laboral y salarios dignos mediante la creación de sindicatos.

Para concretar esta política es necesario que el movimiento sindical y popular retome la esta lucha histórica desde las calles, tal como sucedió en 2003 y 2005 cuando la concesión de RITEVE enfrentó una resistencia de impacto nacional. Las dirigencias sindicales deben llamar a dar una batalla sin cuartel contra esta y otras concesiones hasta derrotarlas, sin caer en la trampa del diálogo que impone el gobierno y los empresarios.