Agua: otro bien público privatizado por los gobiernos empresariales.

Se privatiza el aguaEntre 2005 y 2010 hubo no menos de 36 denuncias por contaminación del agua en áreas de monocultivos, 27 de las cuales se relacionan con un empleo irresponsable del herbicida Bromacil en las más de 50.000 ha. cultivadas con piña en los cantones de Guácimo, Siquirres y Pococí.

Allí la contaminación inutilizó acuíferos y varias poblaciones debieron ser surtidas por camiones cisterna, dado la contaminación del agua. Pese a las protestas surgidas, el caso fue siempre invisibilizado por la prensa y mantenido en la impunidad por el gobierno.

No fue hace mucho tampoco cuando las comunidades como la de Sardinal en Guanacaste, se movilizaron contra autoridades y empresas turísticas, en zonas donde se privilegia el uso del agua para el negocio hotelero.

Éstos son unos ejemplos de cómo el aprovisionamiento de agua miles de familias se arriesga y se contamina para ponerse al servicio del empresariado. Todo esto se da pese a que la legislación actual la caracteriza como un recurso público tutelado por el Estado.

El Estado además parece abandonar su obligación de garantizar acceso y calidad del recurso a toda la población, favoreciendo a círculos empresariales que pagan poquísimo por el aprovechamiento y por sus vertidos.

Hoy tenemos unos 750.000 habitantes sin recibir agua verdaderamente potable. La población indígena y parte de la campesina viven con riesgo sanitario y hasta en la provincia de San José, casi 58% de los acueductos dan muestras de contaminación. Todo ello producto mala gestión e insuficiente inversión del A y A.

Es decir: las empresas simplemente pagan por usar y contaminar (¡y barato!), mientras que los aumentos por el servicio son proporcionalmente mucho mayores para usuarios residenciales que para los comerciales.

Actualmente, proyectos como la Ley sobre Gestión Integrada del Recurso Hídrico y una nueva Ley de Aguas, facilitarían el acceso a los acuíferos por parte del sector privado y por largos períodos, sin que medie mayor control estatal. De esta manera se privatizarían los beneficios a favor delas empresas pero se socializan los costos (contaminación y escasez).

Estos proyectos deben ser desechados a favor de leyes que garanticen la prioridad del acceso al agua con calidad y en cantidad suficientes para suplir al pueblo trabajador. Así mismo, en lugar de castigar con escasez y tarifazos a las familias trabajadoras, deben sancionarse duramente a las grandes empresas contaminadoras y abusivas en su consumo. Los proyectos y gestiones del AyA deben pasar a ser fiscalizados por sindicatos y comunidades con tal de que se garanticen las necesidades del pueblo trabajador y se evite la corrupción y la contaminación.

Cabe recalcar que sin romper con este modelo de agroexportación e industria transnacionalizada que concentra y contamina los recursos acuíferos, la tierra y no paga impuestos, será imposible lograr una gestión del agua que tenga como primera prioridad asegurar el abastecimiento de agua de calidad al pueblo trabajador.