5) ¡No más corrupción, abajo la ley de concesión!

La ley de concesión de obra pública y la política estatal de entregar a capitales privados grandes porciones de la inversión y provisión de servicios estatales fue la respuesta que los políticos y empresarios dieron al desfinanciamiento del presupuesto estatal para construir y mantener la obra pública, producido por su propia agenda neoliberal.

Esta misma ley y modelo ha sido desde sus inicios un portillo permanente de corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento de los políticos a costa de los impuestos que pagamos todos los trabajadores. A continuación presentamos algunas de las razones por las que sostenemos que uno de los pasos fundamentales para evitar que nos sigan robando a los trabajadores mediante la corrupción es acabar con el modelo de concesión de obra pública.

Corrupción y despilfarro del dinero público: Entre los ejemplos más claros esta la concesión para la construcción y reparación de carreteras. Basta recordar el caso de La Trocha, uno de los peores escándalos durante el gobierno Chinchilla. También el de OAS con la carretera San José – San Ramón, en donde se triplicaban los costos reales de las obras, el de la constructora Hernán Solís que tiene la mitad de los contratos de “reparación y mantenimiento” del CONAVI, o el de la ruta 27 a Caldera, que después de dos años ya recupero más de la mitad del costo de su inversión, y ahora se enriquecerá por 28 años más a costillas nuestras.

Saqueo de riquezas y recursos nacionales: Tan solo este año el gobierno hizo dos intentos, uno fracasado y otro exitoso, de entregar grandes recursos nacionales al capital extranjero. Hablamos de la famosa refinería China en donde el gobierno cubría la mayor cantidad de la inversión mediante un préstamo y perdía millones en ganancias con la empresa China y de la concesión de la nueva terminal de contenedores de Moin a APM, que entrega el monopolio del 80% de los contenedores que transiten por el puerto.

Más tarifazos: No es cierto que las concesiones sean más baratas por ser realizadas por empresas privadas. Basta ver como en el caso de Conavi, las concesiones de la reparación de carreteras son financiadas con una parte del impuesto al combustible que pagamos todos con los peajes y con pasajes de autobus cada día mas caros. De esta forma los trabajadores financiamos el dinero que le dan a las concesionarias , que terminan estafando al estado con arreglos de pésima calidad.

Privatización de los servicios: Servicios esenciales como la salud terminan siendo negocio de las empresas. El mejor ejemplo fue la concesión de los 36 EBAIS que el gobierno otorgó a la UNIBE.

Fomento de monopolios privados: En todos los servicios que el estado concesiona, se le garantiza a capitales y empresas privadas un mercado monopólico y un público cautivo al que se le cobran tarifas altísimas y con el que tienen el privilegio de poder incumplir y cometer los peores abusos. Los mejores ejemplos los tenemos en las concesiones del transporte público, donde a los empresarios se les permite mantener una flotilla de autobuses deteriorada, contaminante y someter a sus trabajadores a condiciones inhumanas y seguir disfrutando de las concesiones año tras año.

Tal es el caso de RTV, que hoy tiene demandado al estado por que no le permite hacer aumento de tarifas.

Super explotación de los trabajadores: Mediante esta ley y modelo el estado también ha reducido cualitativamente la calidad del empleo que el mismo genera. Empleos en construcción, seguridad y recolección de basura asumidos por concesionarios se vive la misma dictadura de la patronal sobre los trabajadores con la que se imponen bajos salarios y el irrespeto a los derechos laborales de los trabajadores.

Nuestra Propuesta

• ¡Por la derogación de la Ley de concesión de obras publica!

• Anulación inmediata de todas las concesiones efectivas y en curso que privatizan los servicios y la obra pública (seguridad, servicios de salud, etc.) sin ninguna indemnización para las empresas

• Que el estado asuma toda la obra y servicios públicos que han sido concesionados, y que los trabajadores fiscalicemos que no haya corrupción ni ineficiencia en las mismas.