28 de setiembre: ¡la lucha por el aborto legal continúa!

En América Latina y el Caribe ocurren alrededor de 6,5 millones de abortos todos los años, lo que representa la mayor tasa de interrupciones voluntarias del embarazo en la región. En Costa Rica, la Asociación Demográfica Costarricense estima que en el país se practican unos 27.000 abortos inducidos al año, es decir, un aborto por cada tres niños nacidos vivos.

A pesar de estas alarmantes cifras, el gobierno se ha negado a avanzar en la despenalización y legalización del aborto, o inclusive a firmar la norma técnica para regular el aborto terapéutico que está estipulado por ley. Por el contrario, ha dejado muy en claro que la vida de las mujeres no es ninguna prioridad.

¿Por qué las mujeres deciden abortar?

Las razones por las que una mujer decide abortar pueden ser muy variadas. Algunas deciden hacerlo porque fueron víctimas de violación, otras porque su salud o vida están en riesgo si continúan su embarazo, porque viven en condiciones de violencia en las que no desean tener hijos o porque su embarazo no ha sido deseado.

Por otra parte, las precarias condiciones laborales o la pobreza misma también determinan mucho en esta decisión. Por ejemplo, en las empresas e instituciones suele haber un gran incumplimiento de derechos laborales relacionados con la maternidad, sumado a que los centros de cuido y los servicios para la atención de la niñez son escasos. Ante esto, muchas mujeres se ven ante situaciones económicas y personales bastante difíciles que las llevan a interrumpir sus embarazos. En las zonas rurales y fronterizas, conocidas por el incumplimiento de derechos laborales, los patronos ofrecen dinero a las mujeres embarazadas para que se practiquen abortos clandestinos y puedan continuar produciendo en la empresa. Si no aceptan, son despedidas sin ningún tipo de derecho.

El aborto es un procedimiento que termina siendo de vital importancia para preservar la vida de las mujeres, especialmente las de la clase trabajadora.

¿A quiénes afecta la penalización del aborto?

Mientras las mujeres ricas tienen los recursos económicos para realizarse abortos con profesionales capacitados y en condiciones higiénicas, la realidad de las mujeres pobres es seguir condenadas a utilizar métodos que ponen en riesgo su vida o recurrir a clínicas clandestinas que no cuentan con las condiciones o el personal para realizar abortos.

Hoy en día, la prohibición del aborto ha convertido su aplicación en un privilegio al que solo puede acceder una minoría de las mujeres. El acceso al aborto no puede ser solo para quienes cuentan con los recursos económicos para pagarse servicios médicos privados, sino que cualquier mujer debería poder decidir sobre su propio cuerpo y el Estado debería garantizarle las condiciones necesarias para realizarlo. La prohibición del aborto no evita que las mujeres pobres lo practiquen, solo las empuja a hacerlo en situaciones más inseguras.

La vida de las mujeres y las prioridades del gobierno

Cuando afirmamos anteriormente que las mujeres no son una prioridad para el gobierno no nos referimos solamente a las declaraciones hechas por el presidente hace escasas semanas, sino también a las promesas incumplidas del gobierno anterior. Tanto Luis Guillermo Solís como Carlos Alvarado prometieron garantizar la firma de la norma técnica, lo que pudo haber sido un primer paso para garantizar después el aborto legal en el país. Sin embargo, los cuatros años de Luis Guillermo pasaron y la norma técnica sigue sin firmarse, y parece ser que con Carlos tendremos 4 años más de continuidad de esta política. En el “gobierno de los derechos humanos”, los derechos de las mujeres no tienen cabida.

Pero por si lo anterior fuera poco, es el gobierno del PAC el que quiere condenarnos a peores condiciones de pobreza y dependencia económica. El mejor ejemplo de esto es el gran combo fiscal que busca cobrarle la crisis a la clase trabajadora, y que afectará con muchísima más fuerza a las mujeres trabajadoras.

Dentro de este análisis, también debemos hacer crítica del rol de Patricia Mora, Ministra de la Condición de la Mujer, y del Frente Amplio, un partido que en los hechos gobierna junto al PAC desde hace 5 años. Si bien Mora ha intentado mantener una posición independiente de las declaraciones de Carlos Alvarado, al fin y al cabo forma parte de un gobierno que atenta contra la vida de las mujeres al condenarlas a abortar en la clandestinidad y que, además, está por aplicar uno de los proyectos de ley más regresivos para la clase trabajadora.

No es posible que un partido que aún se pretenda reivindicar como de izquierda, hoy en día esté gobernando codo a codo con los sectores que representan a los banqueros y empresarios. No existe tal cosa como ser “oposición” dentro del gobierno porque no se puede ser juez y parte en una coyuntura como esta.

Es por esto que no podemos depositar ninguna confianza ni en el PAC ni en el FA para obtener nuestros derechos. Hoy más que nunca nuestra tarea es seguir luchando desde las calles no solo por la firma de la norma técnica para el aborto terapéutico sino también por el derecho de las mujeres al acceso a educación sexual laica y científica; por el acceso a anticonceptivos gratuitos y de calidad; y por el aborto libre, seguro y gratuito.

¡Por el derecho a elegir sobre nuestros propios cuerpos!

Aunque hoy la principal discusión que está planteada sea la firma de la norma técnica para el aborto terapéutico, la lucha no puede quedar ahí. Se debe avanzar para que el aborto sea legal y gratuito, con el fin de que miles de mujeres trabajadoras puedan tener acceso al aborto a través de los servicios públicos.

Desde el Partido de los Trabajadores y Lucha Mujer creemos que para lograr esto hay que retomar las experiencias de lucha que están dando las mujeres en otras partes del mundo, tomando las calles y enfrentando las políticas de los gobiernos como lo han venido haciendo en Argentina, Irlanda o Nicaragua. También creemos que la lucha contra la opresión debe ser tomada por toda la clase trabajadora en su conjunto, con la más amplia participación de mujeres y hombres organizados y en las calles.

La lucha por los derechos democráticos de las mujeres no puede estar desvinculada del resto de demandas de la clase trabajadora, porque son parte de una misma batalla contra el capitalismo. La aprobación del Plan Fiscal significaría un mayor empobrecimiento para las mujeres, que ligado a la penalización del aborto, condena a más mujeres pobres a abortos inseguros. Es por eso que este 28 de setiembre nos sumamos a la convocatoria realizada por los sindicatos a las 4 pm en el Parque Central para sumar a lucha contra el combo fiscal nuestras exigencias por el aborto legal, seguro y gratuito. Es urgente unificar el descontento contra el gobierno y exigir también a los sindicatos que hagan suyas las banderas por los derechos de las mujeres.