28 de setiembre: Día por la Despenalización del Aborto

El 28 de setiembre se conmemora el Día por la Despenalización del Aborto. A pesar de que en América Latina la interrupción del embarazo está penalizada en la mayoría de las legislaciones nacionales, cada año miles de mujeres abortan de manera clandestina.

En Costa Rica, aunque el Código Penal establece que se puede practicar el aborto terapéutico cuando esté en riesgo la vida de la mujer, no existe un protocolo que defina normas claras, por lo que la mayoría de médicos se niegan a hacerlo.

¿Por qué las mujeres deciden abortar?

Son muchas las razones que llevan a mujeres a tomar esta difícil decisión. Algunas deciden hacerlo porque fueron víctimas de violación, porque ponen su salud o su vida en riesgo si continúan su embarazo, porque viven en condiciones de violencia en las que no desean tener hijos o porque su embarazo no ha sido deseado.

Pero también el incumplimiento de derechos laborales relacionados con la maternidad, la falta de centros de cuido y la carencia de servicios para la atención de la niñez en general, colocan a muchas mujeres ante difíciles situaciones económicas y personales que las llevan a interrumpir sus embarazos. En las zonas rurales y fronterizas, conocidas por el incumplimiento de derechos laborales, cuando las mujeres comunican el embarazo a sus patronos, muchos de estos les ofrecen dinero para que se practiquen abortos clandestinos y continúen trabajando para que no interferir con la producción.

Sin embargo, en la prensa, en nuestros barrios, en las escuelas y en las iglesias, se sigue condenando el aborto sin tomar en cuenta las condiciones de estas mujeres y su legítimo derecho a decidir sobre sus cuerpos.

Cuando la maternidad se impone

Constantemente líderes políticos y religiosos se refieren al tema de la maternidad como un destino para las mujeres, promoviendo la idea de que esta debe ser aceptada sin importar las condiciones.

En la pasada homilía del 02 de agosto en la Basílica de los Ángeles, el obispo Javier Román Arias destacó el papel de las niñas que dicen “sí a la vida en su vientre” pese a que les fue “robada su inocencia”. Esa forma de referirse a las violaciones de niñas como un “robo de inocencia” son declaraciones irresponsables, que ocultan el carácter violento de las violaciones, sobre todo si se considera que vivimos en un país en el que cada año se registran más de 2.600 denuncias por abuso sexual en menores de edad. Es decir, cada tres horas y media una víctima pone una denuncia.

Maternidad a pesar de los riesgos

A pesar de que Luis Guillermo Solís promovió en su campaña electoral una imagen más abierta en este tema, el gobierno del PAC ha sido tan inútil como los anteriores en el otorgamiento de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres.

A través de los años, el estado ha sido demandado en múltiples ocasiones ante organismos internacionales por incumplir el derecho de las mujeres al aborto terapéutico, poniendo en riesgo su vida o su salud ante la posición intransigente del gobierno.

Hace un año, frente a la posibilidad de infección de mujeres embarazadas con el virus zika, organismos de salud, instaron a los países a otorgar servicios e información de salud sexual y reproductiva, y entre estos, servicios de aborto seguro. En ese momento el Ministro de Salud, Fernando Llorca Castro, rechazó la posibilidad de alentar el aborto para las mujeres embarazadas infectadas con el virus y en sus declaraciones a la prensa indicó: “En Costa Rica jamás podría recomendar a las parejas que se abstengan de embarazarse. ¿Cómo le voy a recomendar que aborten?” y señaló “aún no existe una evidencia contundente de que el zika esté produciendo la microcefalia”.

La campaña electoral y el intento de conquistar votos a costa de nuestros derechos

Esta campaña electoral inicia sin grandes sorpresas en el tema del aborto. Los candidatos Álvarez de Santi (PLN) y Rodolfo Piza (PUSC) mantienen las posiciones tradicionales de sus partidos al oponerse completamente a la interrupción del embarazo.

Mientras que los candidatos del PAC y el Frente Amplio intentan mostrar una posición más progresista pero manteniendo únicamente el aborto terapéutico. Carlos Alvarado (PAC) ha manifestado que: “No hay que hacer modificaciones en la ley. En la ley está planteado como tal el aborto terapéutico en casos de riesgo de la vida o salud de la mujer.” Mientras que, por su parte, Edgardo Araya ha sido confuso al declarar: Eso es un tema evidentemente legislativo y hoy está penalizado el tema del aborto. Nosotros creemos que, desde el Gobierno de la República, lo que debemos hacer a la Asamblea Legislativa (sic) este tema en discusión y tiene que, de alguna manera, despenalizarse, y revisarse caso por caso.”

El inicio de esta campaña electoral, está poniendo en evidencia cómo los partidos políticos intentan acaparar votos tanto de los sectores de mujeres, mostrando una imagen más progresista; como de los sectores más conservadores, colocando los límites de su programa en la implementación de lo que debería estarse aplicando por ley.

Las mujeres pobres y trabajadoras son las más afectadas con la prohibición del aborto

Datos de la Asociación Demográfica Costarricense señalan que “las mujeres con recursos económicos en Costa Rica, recurren frecuentemente a proveedores de salud capacitados, específicamente con gineco-obstetra, mientras que las mujeres pobres utilizan el misoprostol vaginal y oral para la inducción del aborto.” Debido a las prohibiciones legales, los abortos seguros, se han convertido en un privilegio al que solo tienen acceso un sector minoritario de mujeres.

En el PT creemos que la salud y la vida de las mujeres no puede ser un asunto exclusivo de quienes cuentan con acceso a recursos económicos para pagarse servicios médicos privados en el exterior. Es un hecho que las leyes represivas para la prohibición del aborto no van a evitar que las mujeres lo practiquen, solo han creado condiciones más inseguras para las mujeres pobres.

Por eso defendemos el acceso a condiciones seguras de interrupción del embarazo para todas las mujeres. El acceso a anticonceptivos, educación sexual y aborto no debe ser un privilegio de las mujeres ricas.

Nuestro programa

Desde el Partido de los Trabajadores defendemos el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, y para eso es necesario garantizar:

  • El acceso de todas las personas a la educación sexual laica y científica para que puedan tomar decisiones sobre el control y manejo de su sexualidad.
  • El acceso gratuito a anticonceptivos de calidad, incluida la anticoncepción de emergencia.
  • La interrupción voluntaria del embarazo, que debe ser garantizada de manera gratuita por el sistema de salud.

Ligado a este programa, nos manifestamos también a favor de un Estado laico, para poder definir políticas que partan de argumentos científicos.

Para llevar a cabo estas propuestas es necesaria la movilización de la clase trabajadora y para ello, es fundamental que mujeres y hombres nos organicemos y exijamos también la participación de las organizaciones sindicales, políticas y barriales en la defensa de este programa.