100 días del gobierno: una perspectiva desde los derechos de las mujeres

Se cumplen los primeros 100 días del gobierno encabezado por el PAC. Luego de la disputa electoral que dividió al país, en una ronda marcada por la discusión de los derechos de las mujeres y la población LGBTI, muchos sectores depositaron su confianza en el PAC, como una opción electoral para avanzar en los derechos de las mujeres y la población LGBTI.

Pero estas esperanzas rápidamente se fueron desdibujando. Previo a la segunda ronda electoral, Alvarado firmó un acuerdo con el ex candidato presidencial Rodolfo Piza, en el que marcaba una serie de compromisos de su eventual gobierno, entre los que incluía: no modificar ninguna ley relacionada con el aborto, retirar algunos contenidos de los Programas de Afectividad y Sexualidad y la creación de un Consejo de Familia. Con la firma del documento y la designación de su gabinete, Alvarado empezó a marcar la pauta de lo que sería la ruta del nuevo gobierno.

Aunque el nuevo gobierno intentó enviar una señal con la designación de un importante número de mujeres en puestos del gobierno, lo que finalmente determinara su accionar durante estos 4 años será el programa político que están dispuestas a defender y los sectores que representan.

La designación de los Ministerios fue hecha a la medida de los sectores empresariales, designando a Edna Camacho como coordinadora del equipo económico, quien anteriormente fue viceministra en el gobierno de Rodríguez e impulsó la entrega del ICE a través del llamado Combo. También se encuentra dentro de ese equipo Rocío Aguilar como Ministra de Hacienda, quien fue en su momento Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Concesiones en el gobierno de Pacheco, asumiendo los proyectos de Concesión de la Obra Pública. A este equipo de gobierno se sumó el Partido Frente Amplio en la figura de Patricia Mora, encabezando el Instituto Nacional de la Mujer.

En estos 100 días las prioridades del gobierno han quedado claras y en este artículo queremos esbozar algunos de los principales retos que ha enfrentado en relación a los derechos de las mujeres.

Violencia contra las mujeres

Una de las primeras medidas con las que se comprometió el gobierno fue la declaratoria de emergencia nacional ante los femicidios. El inicio del 2018 estuvo marcado por una ola de femicidios que llevaron a diversos sectores a exigir la declaratoria de emergencia nacional.

Según datos oficiales, a la fecha se contabilizan 14 femicidios, los cuales son acompañados por cifras escandalosas de denuncias y llamadas a los servicios de emergencia. Estos números aumentaron con el inicio del mundial de fútbol. Tan solo durante el debut de la Selección Nacional se recibió una llamada de emergencia cada 3 minutos, mientras que el promedio en días “regulares” es de una llamada cada 5 minutos.

A esta situación se le suman unas 400 mujeres que son atendidas anualmente en los albergues del INAMU ante el riesgo de ser asesinadas. De los años 2012 al 2016, unas 1.860 mujeres fueron atendidas en los Centros de Atención y Albergue Temporal para Mujeres. En ese mismo lapso, las delegaciones de la mujer atendieron unas 43.550 consultas por distintos tipos de violencia.

A pesar de los terribles datos, el gobierno de Alvarado optó por no publicar una declaratoria de emergencia nacional, sino declarar de interés prioritario la intervención y atención de violencia contra las mujeres. Aunque parece ser solo un cambio de nombre, estas figuras tienen contenidos muy distintos. La declaratoria de emergencia nacional, permitiría al gobierno hacer uso de fondos públicos para atender de manera extraordinaria la emergencia, mientras que en la declaratoria de prioridad firmada el pasado 14 de agosto, no se destinan recursos económicos, es únicamente una lista de orientaciones para las instituciones. Según la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo, “la declaración de emergencia permite un tratamiento de excepción ante la rigidez presupuestaria en virtud del artículo 180 de la Constitución Política, con el fin de que el gobierno pueda obtener ágilmente suficientes recursos económicos, materiales o de otro orden para atender a las personas.”[1]

El gobierno ha hecho referencia a 38 acciones puntuales que realizarán las instituciones para la atención de la violencia. Sin embargo estas líneas de acción no constituyen nada nuevo, solo focalizan los servicios ya existentes para que se priorice la atención de mujeres víctimas de violencia. Esto lo había manifestado desde antes Patricia Mora cuando en declaraciones a la prensa afirmó: “Yo le voy a llamar declaratoria de emergencia nacional, porque así puede simbólicamente aparecer, pero serán unas medidas que se tomen desde el Ejecutivo en el sentido de que se le diga al país: aquí vamos a priorizar el tema de la violencia contra las mujeres. Es la declaratoria de una prioridad nacional. Esto no va a requerir, no se van a solicitar nuevos recursos en un momento difícil financieramente como el que vive nuestro país”.[2]

Nuestra diferencia fundamental radica en que el gobierno optó por promulgar una declaratoria con medidas que no atienden de fondo la situación de las mujeres. Cuando el gobierno dice que no puede designar nuevos recursos económicos a la atención de la violencia de las mujeres porque tiene que atender la crisis fiscal, se refiere a que va a seguir garantizando los intereses de los grandes empresarios antes que asegurar mecanismos para el acceso al empleo, educación y vivienda para las mujeres, como medida fundamental para combatir situaciones de violencia.

Desde el Partido de los Trabajadores hemos insistido en que es fundamental que las mujeres cuenten con acceso condiciones dignas que les permitan vivir sin depender económicamente de su agresor. La declaratoria de emergencia nacional permitiría tomar recursos económicos mediante el cese de pagos de la deuda para que el dinero pase a ser invertido en educación, trabajo, vivienda y servicios de atención para proteger la vida de las mujeres.

Legislación

También en materia de violencia, es importante recordar que el presidente Carlos Alvarado firmó la Ley de Justicia Restaurativa que de acuerdo con la interpretación, podría permitir que las mujeres víctimas de violencia doméstica puedan conciliar con su agresor.  A pesar de que varias entidades como la Fiscalía y el INAMU hicieron señalamientos sobre la amenaza que esto podría constituir para las mujeres, el presidente se negó a implantar el veto que hubiera permitido devolver el proyecto para que este fuera subsanado, y en cambio optó por dar su visto bueno, dejando en manos de los diputados la posibilidad de reforma.

Aborto

Al ser consultado por la prensa, Alvarado se ha manifestado en diversas ocasiones en relación al aborto, indicando que este no es un prioritario para su gobierno, que está enfocado en atender el problema fiscal y que firmaría la norma técnica para la interrupción terapéutica del embarazo cuando él considerara conveniente.

Con sus declaraciones Alvarado ha sido claro en que su compromiso está con el PUSC (con quien firmó el acuerdo de no extender el artículo 121 del Código Penal que reglamenta el aborto impune) y con los sectores más conservadores.

Pero mientras la norma técnica siga sin firmarse, las mujeres con embarazos de alto riesgo  seguirán poniendo en peligro sus vidas, cada vez que un especialista de la salud se niegue a implementar el aborto terapéutico aduciendo que desconoce la ley o siendo poco claro con los criterios. Dentro de estas las mujeres pobres son las más perjudicadas, ya que no cuentan con las posibilidades económicas de recurrir a clínicas privadas, para que se lleve adelante el procedimiento cuando su salud o su vida se vea amenazada.

Acceso al empleo y pobreza

Para el II trimestre de este año, se registró una de las mayores brechas de género en el desempleo en los últimos años. La tasa de desempleo en las mujeres llegó a ser 81,29% más alta que en los hombres. Según datos del INEC, en el segundo trimestre del 2018, 16.000 mujeres se sumaron a las cifras del desempleo. Datos del Ministerio de Trabajo, señalan además una importante cantidad de denuncias producto de violaciones a derechos laborales, como las asociadas a los despidos ilegales o la restricción de derechos para las trabajadoras embarazadas, donde tan solo en el 2017 se registraron 661 denuncias.

Son precisamente estas condiciones de falta de empleo, acoso y violación de derechos laborales, las que sumadas al recargo de tareas domésticas y de cuido, condenan a muchas mujeres a la pobreza y la exclusión, generando una mayor dependencia económica de sus parejas.

Esta brecha en las condiciones de pobreza, se verá además acrecentada con la aprobación del Plan Fiscal que es el proyecto prioritario del gobierno, pero que condena a los sectores más pobres y por ende a las mujeres, a una mayor precarización de sus condiciones de vida.

El papel del Frente Amplio

Dentro del análisis del gobierno también es importante mencionar el papel del Frente Amplio y de Patricia Mora en particular como Ministra de la Condición de la mujer.  Ante los hechos mencionados anteriormente, Mora ha intentado demarcarse de algunas declaraciones de Alvarado, como en el tema de la Ley de Justicia Restaurativa o en el del aborto, pero en los hechos, sigue aplicando la misma política, siendo parte de un gobierno que no solo no prioriza sino que atenta contra la vida de las mujeres, al condenarnos a condiciones de pobreza, dependencia económica y clandestinidad. El Frente Amplio se aleja cada vez más de la posibilidad de ser un proyecto de izquierda socialista, gobernando con sectores que representan a los banqueros, empresarios y representantes de las zonas francas.

Se constata la política del PAC

Apenas han pasado 100 días desde que Carlos Alvarado inicio en el gobierno y su mensaje ha sido contundente: la vida y los derechos de las mujeres no son una prioridad. Cuando hicimos el llamado al voto nulo, en el marco de la discusión de la segunda ronda electoral, advertíamos: “Con la actual conformación de la Asamblea, un PAC cada vez más a la derecha y un Frente Amplio dedicado a la colaboración con el PAC,  la única posibilidad de que avancen los derechos LGBTI, de que se enfrenten los discursos homofóbicos y de que logremos impulsar una agenda de la clase trabajadora es la organización conjunta para luchar y no para votar.  Los llamados a votar por el “mal menor” nos distraen de esa tarea y embellecen a un gobierno que atacará los derechos de  toda la clase trabajadora y seguirá utilizando los derechos LGBTI como moneda de cambio.”

Se avecina la continuidad de 4 años de fuertes ataques contra las mujeres y la clase trabajadora. Para enfrentarlo tenemos que seguir el ejemplo que están dando las mujeres en el resto del mundo, tomando las calles y enfrentando las políticas de los gobiernos como lo han venido haciendo en Argentina, Irlanda o Nicaragua. Para ello requerimos la más amplia unidad entre mujeres y hombres de la clase trabajadora, donde los sindicatos y organizaciones de la clase se coloquen también al frente de la lucha por los derechos democráticos de las mujeres.

[1] Artículo 3 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo

[2] Tomado de: https://www.ameliarueda.com/nota/90-cada-100-denuncias-violencia-mujeres-desestimadas-ministra-mora